El texto formalizado por el gobierno nacional tiene 43 páginas y 169 artículos y ya se encuentra subido a la web oficial del Consejo de Mayo.
El Gobierno nacional avanzó en la semana con su reforma educativa al oficializar la presentación del proyecto de Ley de Libertad Educativa, una iniciativa que propone derogar la Ley de Educación Nacional vigente desde 2006 y rediseñar el sistema educativo argentino con cambios sustanciales en los niveles inicial, primario, secundario y universitario. El texto, de 169 artículos, fue presentado por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en el marco de las conclusiones del Consejo de Mayo.
La reforma crea un examen nacional de finalización de la secundaria, habilita de manera formal la educación en el hogar, amplía la autonomía de escuelas y directores, redefine el rol de las familias y modifica los criterios de financiamiento tanto de la educación obligatoria como de las universidades. También elimina la meta histórica del 6% del PBI para la inversión educativa, lo que implica un cambio profundo en la política presupuestaria del sector.
Aunque el borrador original contemplaba habilitar la enseñanza religiosa confesional en las escuelas públicas, la versión final del proyecto dejó sin efecto ese artículo, uno de los puntos que había generado mayor polémica.
La iniciativa establece que cada escuela pública o privada podrá definir su propio plan de estudios, métodos de enseñanza, calendario escolar, organización interna y criterios de convivencia. Los directores de instituciones estatales tendrán la facultad de proponer la contratación y la separación de docentes, aunque esas decisiones deberán ser ratificadas por los ministerios provinciales.
Si bien se fijarán contenidos mínimos comunes nacionales y jurisdiccionales, estos no podrán ocupar más del 75% del tiempo escolar, dejando un 25% a contenidos definidos por cada institución. Las jornadas se medirán por horas y no por días: 540 horas para nivel inicial y 720 para primaria y secundaria, un piso inferior al acordado por el Consejo Federal de Educación en 2024.
El proyecto también declara la esencialidad del servicio educativo, lo que obliga a garantizar un funcionamiento mínimo incluso durante medidas de fuerza.
La reforma ubica a la familia como “agente natural y primario de la educación”. Para eso incorpora mecanismos de participación directa, como la creación de consejos de padres en cada escuela estatal, que podrán intervenir en el nombramiento o remoción de directivos y en la elaboración de reglamentos institucionales.
El Gobierno habilitará la publicación de información educativa desagregada por escuela, permitiendo que las familias conozcan los resultados en pruebas nacionales, algo prohibido actualmente por la Ley de Educación Nacional.
Uno de los aspectos más disruptivos del proyecto es la formalización del homeschooling como modalidad educativa reconocida por el Estado. Las provincias deberán implementar un registro obligatorio, aunque sin “controles invasivos”, según indica el texto. Los estudiantes que elijan esta modalidad deberán acreditar los contenidos mínimos mediante evaluaciones estandarizadas, que podrán rendir en cualquier escuela.
También se reconoce la educación en entornos virtuales, incluso ofrecida por instituciones extranjeras, sin límite de edad y con la posibilidad de cursado híbrido.
La iniciativa crea el Examen Nacional de Educación Secundaria (ENES), voluntario y de alcance individual, que evaluará conocimientos en Lengua, Matemática, Ciencias Naturales y Ciencias Sociales y Humanidades.
