Apalancado en el triunfo electoral del 26 de octubre, el gobierno de Javier Milei lanza una ofensiva legislativa procurando que el Congreso sancione, en el plazo más breve posible, una serie de proyectos que el Ejecutivo considera cruciales. Ninguno está exento de polémicas, pero el que más resistencia genera es sin dudas de reforma laboral, que tiene como propósito limitar históricos derechos de los trabajadores con el argumento de que si el empresario tiene, en definitiva, mejor rentabilidad, habrá mayor inversión y esta dinámica inaugurará un virtuoso espiral de crecimiento económico que tarde o temprano derramará sus beneficios en toda la población, incluidos por supuesto los asalariados.
La historia argentina desmiente esta perspectiva optimista. No hay una correlación directa e inmediata entre mejor rentabilidad empresaria a partir de este tipo de modificaciones en la legislación laboral y aumento de las inversiones. Lo que propicia un incremento a largo plazo de las inversiones es un escenario de crecimiento económico sustentable, lo que esta reforma no ofrece per sí. Incluso uno de los redactores del proyecto, el abogado laboralista Julián de Diego, admitió que la iniciativa no promueve por sí misma la generación de empleo. "No creo que modificando la legislación laboral habrá creación de puestos de trabajo registrado", dijo, supeditando esta posibilidad a la puesta en marcha de “una etapa de crecimiento económico”, proceso que depende de muchas otras variables.
El costo de las indemnizaciones por despidos pasaría a ser asumido por el propio Estado con recursos que hoy destina a pagar jubilaciones y asignaciones familiares. El costo de las indemnizaciones por despidos pasaría a ser asumido por el propio Estado con recursos que hoy destina a pagar jubilaciones y asignaciones familiares.
Uno de los apartados más polémicos del proyecto es el que promueve una nueva manera de financiar los despidos sin causa. La norma propuesta por el gobierno libertario contempla la creación de los Fondos de Asistencia Laboral (FAL), que se crearán para que los empresarios que despidan paguen las indemnizaciones. El problema es que la iniciativa presentada por el Ejecutivo nacional en el Congreso de la Nación prevé que los fondos salgan de la Anses. Es decir, sería una transferencia enorme de recursos de la seguridad social a las empresas. El diario Ámbito Financiero calculó, en base a una ronda consultas con especialistas, que esa transferencia sería de alrededor de 3.000 millones de dólares.
Los FAL se conforman con aportes de las propias empresas, pero el proyecto de reforma laboral plantea que el aporte a los fondos con los que se pagarán las indemnizaciones será en la práctica gratuito para las empresas, porque los puntos porcentuales de la masa salarial destinado a los FAL se les descontará de las contribuciones patronales al Sistema Integrado Previsional Argentino. Es decir, que en caso de que el proyecto se apruebe tal cual está, el costo de las indemnizaciones por despidos pasaría a ser asumido por el propio Estado con recursos que hoy destina a pagar jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares.
El excesivo costo que deberá asumir el sistema previsional, que ya en la actualidad tiene graves problemas para afrontar el pago de sus obligaciones históricas, torna inviable la aplicación de esta reforma. Pero, además, resulta contradictoria con el discurso oficial que intenta reforzar la idea de que “no hay plata” en el Estado. De modo que no se entiende cómo podría la propia ANSES financiar las indemnizaciones por despidos provocados por los empresarios.
