El primer denunciante continúa esperando el fallo de la Corte que debe definir si la causa está prescripta.
Gustavo Batallán, el primer hombre que denunció al cura Eduardo López Márquez por hechos de abuso sexual, no tiene otra opción que seguir esperando. Desde hace meses aguarda por el fallo de la Sala Penal de la Corte de Justicia de Catamarca, que tiene que definir si la causa está prescripta o si se debe realizar el juicio por jurados en contra del sacerdote.
El denunciante no quiere que en esta causa se aplique el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina, que en julio de este año dispuso el sobreseimiento por prescripción de la causa contra el excura Justo José Ilarraz, condenado a 25 años de prisión por abusar sexualmente a siete menores en un seminario realizado en la ciudad de Paraná, Entre Ríos.
Además de su interés de que se haga justicia, Batallán también quiere cerrar esta etapa de su vida y simplemente poder vivir tranquilo.
“Estamos esperando todavía que salga el fallo ese con paciencia, no tengo apuro. Ojalá que salga a favor. Y si no sale a favor, lo tomaré así. Tampoco me quiero enfermar esperando un fallo. (…) Como siempre dije, el dolor no prescribe. Lo que me genera es un poco de angustia porque te pone mal que no salga rápido. No quiero que apliquen el fallo Ilarraz ahora. Esta causa es diferente a la del cura Ilarraz y se la tiene que tomar de otra forma. Estoy satisfecho porque estoy tranquilo, hice lo que pude. Puedo caminar tranquilo en la calle y en cualquier lado. Él (por López Márquez) no va a poder decir lo mismo. Estará libre y todo lo que él quiera, pero nunca va a poder decir lo mismo. Donde se pare, todos saben que es un violador porque es así”, dijo Batallán en una entrevista que brindó a El Ancasti.
El denunciante mencionó que atravesar por esta situación le generó “muchos problemas en la vida cotidiana” y en las relaciones con sus parejas. “Fue difícil para mí decirlo. Esto lo tenía bien guardado. Nadie lo sabía, nadie lo sospechaba. Solamente él y yo lo sabíamos. Ojalá se resuelva rápido. Si yo no hubiera abierto nunca la boca y quedaba todo en la nada, él seguía como si nada en la calle”, añadió.
En este camino difícil de transitar, Batallán se apoya en su familia para seguir adelante. “Hoy en día, lo que más me genera satisfacción y ganas de seguir adelante son mis hijos. Por ellos me levanto todos los días. Sé que tienen que comer, que necesitan a su padre. Por ellos estoy vivo hoy en día”, remarcó. Por último, destacó que quiere cerrar esta etapa de su vida y “vivir tranquilo, yo me conformo con vivir tranquilo”.
En junio de este año, la querella, representada por el abogado Sebastián Ibáñez, solicitó a la Sala Penal de la Corte de Justicia que resuelva con celeridad y con el carácter de “muy urgente” la denegación del recurso de casación que planteó la defensa del sacerdote. La querella hizo este pedido el 18 de junio de este año a la Sala Penal.
En la oportunidad, Ibáñez hizo la solicitud puesto que considera que el recurso que interpuso la defensa “es formalmente inadmisible”.
En este sentido, pidió que “se dicte con celeridad la resolución en el sentido de lo aquí peticionado y se lo deniegue”, todo esto con el carácter de “muy urgente”. Esta causa se encuentra nuevamente en la Sala Penal. La defensa, representada por el abogado Marcos Gandini, insistió con el planteo de prescripción.
El cura debe responder por delitos contra la integridad sexual, ocurridos entre 2002 y 2003, cuando la presunta víctima tenía 12 años. La denuncia se radicó a finales de 2021 y pasó por varias instancias. En diciembre último, el expediente había ingresado a la Oficina de Gestión de Audiencias (OGA) del Poder Judicial para la realización de un juicio por jurados.
El camarista Silvio Martoccia, por sorteo, fue designado como juez director. El magistrado había fijado fecha para el juicio popular, a llevarse a cabo en La Paz, para el 15 de julio de este año. Sin embargo, en la audiencia de admisión de evidencias, la defensa insistió con la prescripción.
En un primer momento, el juez director había resuelto diferir la resolución. No obstante, el fiscal de Cámara, Augusto Barros, planteó un recurso de reposición al diferimiento del planteo de prescripción formulado por la defensa oportunamente. A la vez, solicitó, para evitar desgaste, que el magistrado se pronuncie en ese momento. La querella acompañó el planteo para evitar dilaciones. Al no haber oposición, el juez resolvió revocar su medida anterior.
El juez Martoccia declaró la inconstitucionalidad del artículo 67 del Código Penal, que no suspendía la acción penal mientras el denunciante era menor de edad. En 2015, entró en vigencia la Ley Nacional 27.206, conocida como “Ley de Respeto a los tiempos de las víctimas”.
La normativa establece, entre otras cuestiones, que se suspende la prescripción mientras la víctima sea menor de edad y hasta que, habiendo cumplido la mayoría de edad, formule por sí la denuncia o ratifique la formulada por sus representantes legales durante su minoría de edad.
En consecuencia, el juez Martoccia rechazó el planteo de prescripción impulsado por la defensa y suspendió el trámite hasta que quede firme. La defensa presentó un recurso de casación y ahora la Sala Penal deberá pronunciarse.
El 1 de julio de este año se conoció la decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de Argentina de sobreseer a Ilarraz. El fallo le dio la razón a la defensa del acusado, que había sido expulsado por el papa Francisco en 2024, al determinar que los delitos en cuestión prescribían a los 12 años de cometidos.
Según la causa, los hechos ocurrieron concretamente entre los años 1985 y 1993, cuando Ilarraz se desempeñaba como prefecto de Disciplina en el Seminario Arquidiocesano “Nuestra Señora del Cenáculo” de Paraná. En ese contexto sucedieron los siete hechos de corrupción de menores y abuso que motivaron su condena.
Las víctimas, en su mayoría, eran chicos de entre 12 y 14 años provenientes de familias campesinas que -según los testimonios recabados en el expediente judicial-, habían ingresado al seminario con vocación de convertirse en sacerdotes. Las primeras denuncias documentadas dentro de la Iglesia contra Ilarraz datan de 1994, cuando algunas de las víctimas, aún menores, alertaron a autoridades eclesiásticas.
