Morales reclamó nuevamente el cumplimiento de la ley de financiamiento universitario.
En diálogo con “Tiempo Real” de Ancasti Streaming, Fernando Morales, referente de la CONADU Histórica en Catamarca, se refirió al reciente informe de la Agencia de Acceso a la Información Pública que ubicó a la Universidad Nacional de Catamarca (UNCA) entre las casas de estudio menos transparentes del país. Morales cuestionó la metodología y la validez del estudio, mientras denunció una falta de diálogo con el Gobierno nacional y un “ajuste brutal” al sistema universitario.
“Estamos muy preocupados porque se corre de eje la verdadera discusión”, señaló y afirmó: “Quien nos tiene que auditar y tiene que hablar de transparencia es la SIGEN (Sindicatura General de la Nación) y es la AGN que es la Auditoría General de la Nación, que justamente fue cerrada por este gobierno”.
Agregó que la universidad debe ser auditada por los organismos correspondientes establecidos por ley, no por una consultora privada que, a su juicio, desconoce la dinámica universitaria. “Si vamos a hablar de transparencia, lo primero que nosotros pedimos, es que este gobierno sea transparente”, sostuvo, exigiendo que se cumpla la ley de financiamiento universitario y se transparenten los recursos con los que cuentan las cátedras.
En este sentido, Morales destacó la falta de comunicación con las autoridades nacionales, revelando que los docentes se enteran de las novedades salariales a través de los medios. “Recién nos enteramos hace dos días de una liquidación de haberes que se nos va a hacer a los universitarios y nos enteramos por los medios de comunicación o por las redes sociales”, afirmó. Denunció además que no habrá aumento salarial en diciembre y que se retirará una suma fija que se venía percibiendo desde junio.
Al ser consultado específicamente si respaldaban las declaraciones del rector Oscar Arellano -quien defendió la gestión y atribuyó la baja calificación a un portal en construcción-, Morales fue contundente: “Nosotros no respaldamos a nadie”. Explicó que su posición es clara respecto a quién debe realizar las auditorías: “Nosotros decimos qué es lo que se tiene que hacer y quién nos tiene que auditar. No un observatorio pagado por una consultora. A nosotros quién nos tiene que auditar y nos tiene que definir y decir: ustedes hacen mal esto, son dos organismos del Estado”.
Para el referente de la CONADU, el debate sobre la transparencia universitaria es una forma de “correr el eje” de lo que considera el verdadero problema: el incumplimiento de la ley de financiamiento y el ajuste al sistema.
“Esto corre de eje la discusión porque hoy estamos discutiendo que se cumpla una ley”, expresó, cuestionando prioridades gubernamentales. Insistió en que el observatorio detrás del informe tiene una “clara tendencia” y no aborda problemas estructurales como la pobreza docente, la falta de infraestructura y los convenios laborales incumplidos.
Para detallar el panorama, Morales describió una situación crítica en la UNCA, con falta de inversión en infraestructura que afecta tanto a estudiantes como a docentes. Relató que durante el invierno se suspendieron clases por el frío intenso y en verano el calor resulta insoportable, con ventiladores que impiden escuchar al profesor. “En esas condiciones damos clases, esa es la situación de nuestro sistema universitario”, señaló, remarcando que el informe de transparencia no menciona estas realidades.
Criticó además la falta de participación en la discusión de la reforma laboral y del sistema de créditos que se pretende implementar en 2026, advirtiendo que podría perjudicar la estabilidad laboral docente. “Creo que son diferentes formas de conducir, donde el diálogo no existe”, afirmó.
Gonzalo Salerno, exdecano de la Facultad de Derecho de la UNCA, se refirió en redes sociales al tema de la transparencia institucional. “La transparencia y calidad institucional integral debiera ser una prioridad siempre, en todas las facetas, procesos de funcionamiento y gestión de gobierno de nuestra Universidad”, expresó.
Como ejemplo, señaló que el proceso electoral universitario “estuvo marcado por esta ausencia de transparencia, la manipulación a conveniencia de las reglas electorales y la limitación extrema de la libertad de elección y participación democrática”.
Mencionó casos como la habilitación de listas fuera de término, la prohibición a listas opositoras a participar, la reelección de dos decanos en contra de lo que regula el Estatuto y "hasta un vergonzoso intento de reforma estatutaria que se quiso hacer a escondidas”.
Salerno concluyó subrayando que la transparencia no debe ser solo una cuestión de subir datos a un portal, sino una práctica real y recordó que esto no puede servir como excusa para que el Gobierno nacional deje de cumplir con la ley de financiamiento universitario, “fundamental para intentar recuperar la dramática caída del presupuesto y salario universitario”.
