Se cumplieron hace pocos días veinte años de la sanción de la Ley 26.150, que creó el Programa Nacional de Educación Sexual Integral. Aquella norma definió la educación sexual en un sentido amplio, articulando dimensiones biológicas, psicológicas, sociales, afectivas y éticas, y propuso entender la sexualidad como parte constitutiva de la persona y de su desarrollo.
Dos décadas después, el balance permite advertir luces y sombras, pero es en lo esencial favorable. La aplicación de la ley ha sido irregular, condicionada por la desigual voluntad política de las jurisdicciones, la escasez de recursos, la falta de continuidad en la capacitación y, de manera muy especial, por las presiones de los sectores más retrógrados de la sociedad, que desde el inicio buscaron vaciarla de contenido o directamente impedirla. Aun así, la ESI logró transformar la educación sexual en una política pública y en un derecho educativo de alcance nacional, obligatorio para las instituciones educativas, sean estatales o privadas, laicas o confesionales.
La ESI amplió considerablemente la noción de sexualidad e incorporó dimensiones que hoy parecen elementales y que sin embargo hace dos décadas no lo eran: el cuidado del cuerpo y la salud, la valoración de la afectividad, la perspectiva de género, el respeto por la diversidad y el ejercicio de derechos. También contribuyó a la disminución de los embarazos adolescentes, generó capacitación específica para los docentes y puso a disposición de las escuelas herramientas pedagógicas que antes no existían. Y abrió un espacio institucional donde los estudiantes pueden formular preguntas que a veces no encuentran respuesta en sus propias familias.
Pero el aporte más importante de la ESI es que ayudó a instalar la idea de que niños, niñas y adolescentes son sujetos de derechos también en materia de sexualidad. Esto es particularmente relevante para las poblaciones históricamente más vulnerables, aquellas para las que el silencio ha sido, con frecuencia, un factor que posibilitó el abuso. En consecuencia, la ESI contribuyó a que chicos y chicas mejoraran su capacidad para reconocer situaciones de abuso e incorporó herramientas para identificar las de violencia.
UNICEF, citando un informe del Ministerio Público Tutelar, señaló que el 80% de las niñas, niños y adolescentes que fueron víctimas o testigos de abuso pudieron reconocerlo gracias a herramientas adquiridas en la escuela. A su vez, el 50,63% de los jóvenes consultados manifestó haber identificado, a partir de la ESI, situaciones de violencia entre sus pares.
Los buenos resultados obtenidos, pese a una aplicación irregular, alientan a profundizar la ESI como una verdadera política de Estado. Sin embargo, es difícil no reconocer que, con el actual gobierno libertario, ese horizonte parece una utopía. Conviene recordar que, antes de asumir, Javier Milei sugirió la posibilidad de derogar la ley. Eso finalmente no sucedió, pero la gestión tampoco alentó su aplicación ni tomó medidas para mejorar su implementación.
A veinte años de su sanción, la ESI es una conquista que merece ser defendida, no como bandera de ningún sector, sino como garantía de derechos para quienes más necesitan ser escuchados y protegidos.n
