Uno de los detenidos, Mario del Campo, sería el cabecilla de la banda que operaba con fuertes vinculaciones en la Administración.
Los siete arrestados el viernes durante un fuerte despliegue policial en el Valle Central, sospechados de integrar una banda de usurpadores con operadores dentro de la Administración Pública provincial, pasaron a detenidos y serán indagados en las próximas horas.
Si bien la pesquisa se lleva adelante con total hermetismo, con el paso de las horas se fueron conociendo algunos detalles y nombres y apellidos de los implicados.
Desde la Oficina de Prensa del Ministerio Público Fiscal informaron que los siete serán indagados, en principio, por la presunta comisión de los delitos de asociación ilícita y estafas, en el marco de la investigación de oficio que lleva adelante el fiscal de Instrucción N°5, Hugo Costilla. Se informó además que esa fiscalía ordenó la realización de nuevos procedimientos a partir de la información obtenida en los 14 allanamientos simultáneos efectuados el viernes en viviendas de los departamentos Capital, Valle Viejo y Fray Mamerto Esquiú.
Las diligencias fueron ejecutadas a partir de la madrugada de ayer y se extendieron hasta la tarde. Paralelamente se avanzó con la recepción de testimonios, actividad que seguirá realizándose en los próximos días debido a la naturaleza y magnitud de los hechos investigados.
Desde esa Oficina se informó asimismo que por la necesidad de efectuar estas medidas, las indagatorias de todos los detenidos serán efectuadas hoy lunes, en horarios a confirmar, en el edificio de la Fiscalía Penal.
"Hasta que se concreten esas audiencias, el Ministerio Público no revelará la identidad de los sindicados, con el objetivo de resguardar la investigación que sigue en curso, con distintas líneas de trabajo y nuevas diligencias en desarrollo", remarcaron a través de un comunicado.
Otras fuentes consultadas por El Ancasti informaron que el principal cabecilla de la banda sería Mario del Campo (hijo del ex legislador provincial), quien fue arrestado durante los allanamientos. Supuestamente junto a otros integrantes de esa familia operaba con la complicidad de altos funcionarios públicos, policías (se conoció que aún no hay efectivos arrestados), abogados y particulares, integrando una banda para cometer estafas procesales y usurpar propiedades.
Entre los siete sospechosos y además de los Del Campo, habría un usurero de apellido Agulles, una persona vinculada al gremio de los gastronómicos de apellido Vega, otra de apellido Gordillo relacionada con Fiscalía de Estado.
La pesquisa que derivó en las detenciones se habría iniciado hace varios años. Fuentes judiciales apuntaron a denuncias efectuadas en el año 2017 y fuertes derivaciones que surgieron a partir de las investigaciones efectuadas en el marco de esas presentaciones.
Los sospechosos contaban con una descomunal red en organismos públicos clave para ejecutar las estafas procesales y enajenar a sus víctimas de sus bienes.
Según el MPF, tenían cómplices dentro de la Dirección de Catastro y el Registro de la Propiedad, fundamentales en la Administración Pública y la actividad privada, porque tienen el contralor de los bienes muebles de toda la provincia.
Obtenían información sobre propiedades y sus títulos. Después saneaban los títulos y disponían de ellos contando con contactos en el Juzgado Comercial y de Ejecución, entre otros organismos.
