A 75 años del decreto de gratuidad en la educación universitaria
El 22 de noviembre se cumplieron 75 años de la declaración de gratuidad de la educación superior en Argentina. Medida histórica que, tras las nuevas modalidades de arancelamiento de la década de los ‘90, fue ratificada en 2015 mediante la Ley de Implementación Efectiva de la Responsabilidad del Estado en el Nivel de Educación Superior, entendiendo la educación y el conocimiento como un bien público y un derecho humano personal y social.
Este año, paradójicamente, volvemos a enfrentar amenazas de arancelamiento y desfinanciación, acompañadas de una campaña de desprestigio y hostigamiento al sistema universitario por parte del gobierno nacional.
En este contexto, irrumpió una rebelión estudiantil que, junto a docentes, graduados y no docentes, recorrió las Universidades Nacionales de todo el país, enarbolando la consigna de la defensa de la universidad pública, gratuita, laica y de calidad, desarrollando métodos de lucha fundamentales como asambleas y tomas de universidades.
La Universidad Nacional de Catamarca participó de esta gesta a partir del 9 de octubre pasado, día en que tras conocerse la ratificación del veto a la Ley de Financiamiento Universitario, se conformó la Asamblea Autoconvocada Interclaustro y se decidió la toma de la UNCA, abriendo un nuevo rumbo, diferente al del Consejo Interuniversitario Nacional y las burocracias de las Federaciones Universitarias.
Reivindicamos este proceso de movilización y protesta iniciado a través de distintas estrategias de visibilización de las tareas académicas que llevamos adelante con acompañamiento de distintos sectores de la sociedad: clases públicas y talleres, actividades artísticas, murales colectivos, ferias de libros, pronunciamientos públicos, marchas.
Por su parte, el Poder Ejecutivo Nacional, responsable del derrumbe salarial de docentes y no docentes así como del congelamiento de los programas de asistencia a estudiantes y obras de infraestructura, ha presentado un Proyecto de Ley de Presupuesto 2025 que profundiza el desfinanciamiento.
El monto que se pretende destinar a las Universidades ni siquiera alcanza a cubrir la inflación prevista para el próximo año calculada en el mismo Proyecto. Mientras se pronostica una inflación del 28,2%, para las universidades se propone un aumento en pesos del 26,9%. Queda claro que la prioridad del gasto público para el 2025 es, por sobre cualquier otro objetivo, la deuda pública y el logro del equilibrio o el superávit fiscal.
Nos preocupa enormemente que mientras algunos rectores y órganos de cogobierno universitario ponen en duda la actividad académica del próximo año, otros guardan silencio y no responden al reclamo de claridad y transparencia informativa.
Las funciones sustantivas de la Universidad: docencia, investigación y extensión, son un derecho que debe ser defendido por todos los estamentos, pero asegurado mediante una gestión responsable, democrática, participativa y consensuada con la comunidad universitaria. En este sentido, exhortamos a las autoridades de la UNCA a informar sobre los criterios con que se abordarán las medidas de ajuste para garantizar el funcionamiento de nuestra Casa de Estudios.
Sabemos que frente a los atropellos de hoy, emerge la resistencia y la lucha. Y es por eso que hacemos un llamamiento a la sociedad catamarqueña a seguir acompañando la defensa de la educación universitaria pública y gratuita. No bajemos los brazos, construyamos juntos el futuro grande que nos merecemos.