Investigadores y becarios denuncian que Conicet removió de su web un informe que advertía daños por el proyecto minero San Jorge.
La publicación de un documento crítico sobre la explotación minera en Mendoza desató un conflicto interno en el Conicet. Investigadores y becarios denuncian que las autoridades censuraron un informe publicado en las últimas horas que ponía en discusión el avance del emprendimiento minero San Jorge, que avanzó este miércoles en la Legislatura local.
El documento titulado Comunicado Institucional del CONICET Mendoza sobre el Proyecto San Jorge Cobre Mendocino llegó a publicarse en la web pocas horas hasta que su link de acceso fue desactivado. El texto reúne observaciones técnicas sobre el emprendimiento minero San Jorge y había sido consensuado por especialistas de múltiples institutos y aprobado por los equipos técnicos del centro científico.
La acusación es que se trató de un intento de censura en medio del fuerte ajuste de la gestión de Javier Milei sobre la ciencia, además de que revela la connivencia del gobernador mendocino, Alfredo Cornejo, con la Nación. Ayer el mandatario provincial festejó que la Cámara de Diputados local aprobara la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto PSJ Cobre Mendocino, la iniciativa antes conocida como San Jorge, que busca explotar cobre en Uspallata.
El documento, finalmente publicado por vías alternativas, advierte que el estudio de impacto ambiental presentado por la empresa tiene deficiencias graves en todos los ejes evaluados, desde el agua hasta el patrimonio arqueológico. Entre los puntos más importantes, el Conicet Mendoza señaló en su comunicado que:
• Existe un riesgo potencial de contaminación de las aguas subterráneas que recargan basalmente al arroyo Uspallata, generando un problema que incumbe a toda la cuenca del Río Mendoza.
• En términos generales, la información utilizada en el Informe de Impacto Ambiental presentado resulta insuficiente, desactualizada y, en algunos casos, incorrecta.
• En términos económicos el proyecto no determina fehacientemente la incidencia del proyecto en las distintas etapas, sobre todo en relación con los impactos múltiples detectados.
• La explotación minera proyectada en esta área afectaría de manera directa bienes arqueológicos no renovables, incluyendo los registros más antiguos de ocupación humana en la región y segmentos del Qhapaq Ñan. El deterioro de estos valores podría comprometer incluso la integridad de un bien declarado Patrimonio Mundial, cuya protección constituye una obligación legal y ética del Estado.
• Los impactos previstos alcanzan de forma directa a las comunidades originarias Huarpe, para quienes estos territorios poseen profundo significado cultural, espiritual e identitario.
• Se identificaron importantes deficiencias en el Informe de Impacto Ambiental del proyecto PSJ Cobre Mendocino. La falta de datos actualizados, de líneas de base completas y de estudios adecuados impide una evaluación confiable de los impactos que el emprendimiento podría generar en la cuenca del río Mendoza.
• Se considera necesario que las autoridades soliciten la revisión y ampliación del estudio antes de continuar con el proceso administrativo. Solo una evaluación completa y rigurosa permitirá resguardar el interés público y garantizar la protección del ambiente y del patrimonio de la provincia.
Según recogió elDiarioAR de trabajadores del Conicet Mendoza, la dirección del organismo habría ordenado bajar la publicación y así evitar conflictos con el gobierno provincial. El episodio generó malestar y una reacción inmediata dentro de la comunidad científica, que interpretó la maniobra como un intento de disciplinamiento político en un área donde la independencia técnica es un principio básico.
Para robustecer la denuncia de censura, investigadores y becarios lanzaron un formulario de adhesión pública donde reclaman: respeto a la autonomía técnica del Conicet, cese de presiones políticas sobre equipos científicos, garantías para que los informes críticos puedan publicarse sin interferencia, y protección laboral y académica para quienes participan en evaluaciones ambientales.
El formulario —abierto a firmas de la comunidad científica y la ciudadanía— busca reforzar la legitimidad del comunicado y evitar que situaciones similares se repitan en próximos dictámenes vinculados al ambiente, un área especialmente sensible en Mendoza tras décadas de movilización social contra la megaminería.
Fuente: El DiarioAr
