Críticas a la reforma tributaria de Milei: "Fragmentaría el país"
El Grupo Atenas cuestionó el plan del presidente de eliminar los Ingresos Brutos y competir con un IVA provincial.
La reforma tributaria de la administración Milei con su idea de eliminar Ingresos Brutos y lanzar a las provincias para que compitan entre sí en la imposición de un IVA provincializado atenta contra la cohesión nacional de todas las jurisdicciones pero más grave aún, profundiza las desigualdades históricas en detrimento de la calidad de vida de la población. Esta es una de las principales conclusiones de un reciente documento difundido por el Grupo Atenas, una suerte de “centro de pensamiento” nacional y popular integrado por los equipos técnicos bajo la coordinación de Silvina Batakis.
Para llegar a la instancia de una reforma tributaria que busca ahorcar aún más a las provincias, Milei primero ajustó todas las partidas presupuestarias con incidencia en las jurisdicciones, como la obra pública o la distribución discrecional de los ATN y les retuvo recursos claves – como vienen denunciando la provincia de Buenos Aires- para someterlas económicamente. ¿Los mandatarios dadores de gobernabilidad (muchos peronistas) aceptarán las presiones oficiales? ¿Dejarán rubricada la extorsión en el documento final del Consejo de Mayo?
“La Argentina arrastra un incumplimiento constitucional de 29 años por no haber sancionado un nuevo régimen de coparticipación. Ese vacío estructural es la evidencia más clara de que la dificultad no es jurídica ni económica, sino política. Pretender avanzar en una reforma tributaria de esta magnitud sin resolver antes –o al menos sin encarar– ese mandato constitucional, es intentar construir sobre un terreno inestable”, puede leerse en el documento del Grupo Atenas, firmado por Martín Pollera - Mariano Macchioli. Otra reforma tributaria es posible.
Reforma tributaria: el juego del ahorcado
“La idea es generar competencia impositiva entre las provincias. Nosotros cobraríamos lo que le corresponde a la Nación, que es más o menos 9% sobre el 21% que es el IVA hoy y las provincias pondrán su propio IVA”, lanzó el secretario de Economía, Luis Caputo (Scott Bessent, el ministro). Lo esbozado por el funcionario – que también lleva el espíritu de Federico Sturzenegger de hacer de la recaudación una competencia entre jurisdicciones – “no es más que la profundización de las brechas territoriales, el desfinanciamiento a las provincias y el debilitamiento del país para garantizar derechos básicos y sostener su desarrollo”, resumen desde el Grupo Atenas.
El IVA (Impuesto al Valor Agregado) es un tributo concurrente constitutivo de la masa coparticipable. La totalidad de los recursos de origen nacional que se transfieren de manera automática hacia las provincias se conforman con el 100 por ciento del Impuesto a las Ganancias (ley 20.628), el 89 por ciento del IVA (leyes 23.966 y 27.432), el 100 por ciento de los Impuestos Internos Coparticipables (ley 26.674), además de otros impuestos menores.
Dentro de todo este conjunto, el IVA representa más del 40% de los recursos que financian el federalismo fiscal. Su modificación no podría ser nunca una decisión unidireccional del Poder Ejecutivo; debería conllevar un debate político entre las provincias, tal como lo estableció la reforma constitucional de 1994 cuando le ordenó a las jurisdicciones llevar adelante una reforma de la Coparticipación Federal de Impuestos (que solo puede salir por el consenso absoluto).
“Cualquier intento de provincializarlo debe examinarse no sólo desde lo técnico, sino desde lo político y lo institucional. Y allí aparece una primera constatación incómoda”, analizan desde el Grupo Atenas. ¿Los nuevos legisladores que asumirán en los próximos días le darán a Milei la gobernabilidad que declama vía la extorsión fiscal?
Los juegos del hambre entre provincias
De los esbozado por los funcionarios nacionales también se sobre entiende la posible eliminación de Ingresos Brutos (Macri también lo había intentado pero solo logró cierto compromiso de reducción de alícuotas). Si bien es un impuesto regresivo, resulta vital para el sostenimiento económico de cada jurisdicción.
Por ende, de concretarse el plan oficial, se podrían dar dos escenarios según el análisis realizado por Macchioli y Pollera (éste último participó de la reunión de economistas del peronismo junto a Cristina Fernández de Kirchner). Con el escenario uno, la Nación seguiría administrando la recaudación total del IVA, aunque cada provincia fijaría su alícuota. Sería un IVA nacional con política tributaria provincial.
“A simple vista, parece un esquema ordenado. Sin embargo, esta configuración genera un sistema de incentivos perverso: cada provincia observa qué hace la otra y cualquier reducción local de alícuota disminuye la masa coparticipable general”, se detalla en el documento citado.
Si en esa competencia entre fiscos a la que se refirió el secretario Caputo (Bessent, ministro), las provincias decidiesen cobrar menos de lo que habrían resignado – con la intención de generar incentivos productivos- todas las provincias perderían recursos vía el nuevo esquema de IVA, generándose un sistema de desconfianzas mutuas más que un sistema de “concertación”. Según el Grupo Atenas, no existe lugar en el mundo con una fragmentación del sistema tributario como la propuesta esbozada por el equipo económico de Milei.
El escenario dos podría ser mucho más perverso. Consistiría en que cada provincia no sólo defina su alícuota, sino que además administre su propia recaudación del impuesto. Solo el 9% del IVA nacional quedaría dentro de la masa coparticipable. Esto abre un escenario de fragmentación tributaria sin precedentes en la Argentina moderna.
Es decir, cada provincia debería fijar la alícuota necesaria para compensar lo que perdería por la eliminación de Ingresos Brutos y por la caída de la coparticipación. En provincias con alta actividad económica, ese número sería relativamente manejable. Pero en las provincias con estructuras productivas más pequeñas –muchas de ellas del Norte Grande– las alícuotas teóricas para evitar una caída del Tesoro Provincial se vuelven directamente absurdas.
Por ejemplo, Formosa necesitaría establecer una alícuota del 61% para mantener la recaudación actual y la CABA solamente del 14%. En el caso de Misiones y Catamarca, sería del 48%. Entre el 40 y el 35 por ciento se encuentran La Rioja, Tucumán, Chaco y Corrientes.
“Estas diferencias no son un detalle técnico: expresan de manera cruda la desigualdad estructural que atraviesa al país desde hace décadas. Un esquema de IVA provincializado consolidaría esa desigualdad y, peor aún, la ampliaría. La estructura económica actual no permite que todas las provincias compitan en igualdad de condiciones. El resultado sería un país aún más concentrado, con provincias que deberían aumentar impuestos al límite de lo tolerable, incentivando la evasión y empujando a empresas y personas a migrar”, enfatizaron los economistas Pollera y Macchioli.
Otra reforma tributaria, justa y soberana es posible
La existencia de diferentes niveles de gobierno no puede ser una complicación para el contribuyente. La simplificación y coordinación es una demanda ciudadana, una mirada que recoge el consenso del variopinto universo opositor (opositor de verdad) a Milei.
La distribución del producido de esa recaudación total, de la recaudación federal, debería resolverse entre las jurisdicciones tal como manda la Constitución Nacional con su reforma de 1994. Por ende, la respuesta es política, es decir a través del fortalecimiento del federalismo tributario (y en sus dimensiones de cohesión social). “El desarrollo es en clave federal y productiva”, sintetizan desde el Grupo Atenas.
Por último, la reforma tributaria opuesta a La Libertad Avanza pondría la mirada en la progresividad del sistema.
“Nuestro sistema tributario federal necesita menos impuestos sobre la producción de bienes y servicios, que promueva, junto con otros instrumentos, el engrandecimiento de la frontera de posibilidades de producción nacional en cada una de nuestras provincias. Tributos como el impuesto a los ingresos, a la propiedad o a las herencias, tienden a concretar la necesaria igualdad para obtener una sociedad con cohesión que permite el desarrollo y el progreso de todos los ciudadanos”, concluye el documento que seguramente será parte de una deseable discusión programática que permita ponerle fin a la crueldad mileista.
