El concejal del ARI Luis Valdez pidió a la Corte de Justicia que evite la compra del terreno para hacer la terminal. También realizó una presentación en el mismo sentido en el Tribunal de Cuentas.
El concejal andalgalense Luis Valdez (ARI) impugnó ante la Corte de Justicia y el Tribunal de Cuentas la ordenanza que autorizó al intendente José Perea a comprar a 885 mil pesos el predio “El Durazno”, de 4,5 hectáreas, para construir allí la nueva terminal de ómnibus de la Perla del Oeste.
Anunció la embestida judicial y administrativa en una conferencia en la que lo acompañaron el ex diputado Rubén Manzi y la dirigente Orieta Vera, quienes expresaron todo el respaldo de la alianza FIP-ARI a su acción política.
En la presentación realizada ante la Corte, Valdez solicitó que el tribunal declare “terminantemente” la inconstitucionalidad, ilegalidad y nulidad de la ordenanza y ordene una medida de no innovar para dejar sin efecto la operación comercial inmobiliaria, esto es, que "suspenda la aprobación, sanción y ejecución de la parte dispositiva, hasta tanto se dicte sentencia definitiva" en la causa.
Del mismo modo, requirió al Tribunal de Cuentas que no autorice "al intendente Perea para realizar el gasto indicado en la ordenanza”, puesto que, según su criterio, “al sancionar y aprobar la compra del terreno, los concejales y el propio lord mayor incurrieron en serias violaciones, tanto a la Constitución provincial, como a la Carta Orgánica municipal y al Reglamento Interno del Concejo Deliberante.
Remarcó en sendos petitorios que, “de acuerdo con lo que ordena la Constitución, toda contratación o adquisición de bienes debe realizarse por medio de licitación pública cuando se deriven gastos, y por remate o licitación cuando se deriven recursos”.
“Sin embargo, Perea, junto a cinco concejales andalgalenses, ha violado esa medida autorizando la compra directa a través del mecanismo de excepción, el cual sólo permite una compra directa si el monto de la operación fuera inferior a los 15 mil ó 22 mil pesos. Pero no es ésta la ocasión, puesto que se está hablando de 885 mil pesos en danza”, explicó Valdez.
El edil solicitó al Tribunal de Cuentas que "incorpore al análisis del proyecto de construcción de la terminal la tasación que el técnico Rodolfo Giordani hiciera al terreno, valuándolo en 512 mil pesos" y la realización de una nueva tasación por parte de un organismo oficial, "sea Rentas o el Banco de la Nación Argentina”.
Los planteos de Valdez constituyen las primeras presentaciones concretas tendientes a evitar que se realice la compra del predio para la nueva terminal de Andalgalá. Hasta ahora la controversia se había limitado a los cruces verbales y las argumentaciones públicas de las partes.
El Tribunal de Cuentas tiene además una presentación realizada la semana pasada por el dirigente Damián Abel para que se realice una auditoría sobre la compra de una autombomba que Valdez realizó con recursos de las regalías mineras.
Precisamente, además de lo dudoso del procedimiento administrativo que concluyó con la autorización para la compra de 4,5 hectáreas a casi 900 mil pesos, también se cuestiona el hecho de que los fondos que le corresponden a Andalgalá por la explotación de Bajo La Alumbrera se destinen a construir una terminal de ómnibus, cuando la ley que regula su utilización es taxativa al establecer que deben destinarse a financiar obras y actividades vinculadas a promover la producción.
El Concejo Deliberante de Andalgalá autorizó al intendente Perea a realizar la polémica compra con el voto de los concejales radicales Jorge Acevedo, Jorge Boggio y Juan Rojano, que sumados a los de los "pereístas" Marcelo Sciaca y Martín Garay alcanzaron la mayoría para habilitar la operación inmobiliaria. Sólo se opusieron Valdez y la concejal justicialista Eladia Carrazana de Rodríguez.
