El juez federal espera resultados de pruebas clave en el expediente que vincula al funcionario con el productor televisivo Marcelo Grandio y con presuntas irregularidades patrimoniales.
La situación judicial del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, atraviesa un momento crítico. El juez federal Ariel Lijo analiza convocarlo a declaración indagatoria antes de la feria judicial de invierno, en el marco de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito y por sus vínculos con el productor televisivo Marcelo Grandio, propietario de la productora Imhouse, que mantiene contratos con la TV Pública.
Según trascendió en los tribunales federales, Lijo aguarda el resultado de las últimas medidas de prueba solicitadas junto al fiscal Gerardo Pollicita para definir el llamado. En el ámbito judicial consideran que una eventual citación implicaría que el expediente alcanzó un grado de avance significativo y que existirían elementos suficientes para sospechar de la posible comisión de delitos.
La causa se concentra principalmente en la relación entre Adorni y Grandio, a quien el funcionario definió públicamente como un amigo cercano. La Justicia investiga si el productor costeó el viaje que Adorni realizó junto a su familia a Punta del Este durante el fin de semana largo de Carnaval, a bordo de un avión privado.
Aunque el funcionario aseguró reiteradamente que el traslado fue abonado con dinero propio, distintos documentos incorporados al expediente complicaron esa versión. El broker aeronáutico Agustín Issin Hansen declaró ante la Justicia que el vuelo fue reservado y pagado por Grandio, quien además recibió la facturación correspondiente a través de su productora Imhouse.
La investigación sostiene que la empresa Alpha Centauri facturó el tramo de ida directamente a Imhouse, mientras que el regreso fue posteriormente facturado por 3.000 dólares a Grandio. “El vuelo lo reservó y pagó Marcelo Grandio”, afirmó Issin ante la Justicia, contradiciendo la explicación pública del funcionario nacional.
En paralelo, el juzgado ordenó una serie de cruces telefónicos entre los teléfonos de Grandio, Adorni y Horacio Silva, socio fundador de Imhouse, con el objetivo de determinar si existieron comunicaciones coincidentes con la firma de contratos entre la productora y la TV Pública. También se analiza la geolocalización de los dispositivos para reconstruir posibles encuentros y vínculos operativos.
Los convenios bajo sospecha incluyen producciones televisivas, programas radiales y ciclos de streaming emitidos en medios estatales. Entre ellos aparecen “La caja de Pandora”, “Giros en Línea Recta”, “Enredados”, “La Sala” y “Gritalo Mundial”, este último conducido por Grandio.
La Justicia también investiga el patrimonio personal del jefe de Gabinete. Uno de los focos está puesto en una propiedad ubicada en el country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz, cuya adquisición y posterior remodelación generaron sospechas sobre el origen de los fondos utilizados.
De acuerdo con la investigación, la vivienda habría sido escriturada en noviembre pasado por aproximadamente 120.000 dólares, a lo que se sumarían gastos por unos 245.000 dólares en remodelaciones integrales y mobiliario. Parte de esas obras, según consta en el expediente, habría sido realizada sin facturación formal.
Los investigadores judiciales sostienen que los ingresos declarados por Adorni no resultarían compatibles con el nivel de gastos detectados, especialmente considerando, además, la existencia de hipotecas comprometidas para financiar operaciones inmobiliarias.
Otro elemento bajo análisis es la presunta utilización de efectivos de la Gendarmería Nacional para custodiar el ingreso al country donde reside el funcionario. La hipótesis judicial es que, de comprobarse que los agentes fueron destinados a tareas de seguridad personal ajenas a funciones oficiales, podría configurarse el delito de peculado por utilización indebida de recursos públicos.
En este contexto, la expectativa en Comodoro Py crece día a día. La definición de Lijo sobre si avanza formalmente con la indagatoria de uno de los funcionarios más cercanos al presidente Javier Milei podría marcar un punto de inflexión en la causa y tener repercusiones políticas de alcance nacional.
La investigación, que combina testimonios, documentación contable y análisis patrimonial, se ha convertido en uno de los expedientes más sensibles de la actualidad judicial. El avance de las medidas de prueba y la eventual citación a indagatoria podrían abrir un nuevo capítulo en la relación entre la Justicia y el Gobierno, con consecuencias que exceden el plano estrictamente judicial.
