La criptoestafa || Escándalo en el Registro de la Propiedad
Fiscalía de Estado iniciará un sumario administrativo a los abogados del caso Ibáñez
Son Victoria Eugenia Rosales y Tomás Hugo Aibar, que se ausentaron de la audiencia que habían solicitado para defender la acusación. El caso se vincula con la causa Adhemar Capital.
Los dos abogados de Fiscalía de Estado que se ausentaron a la audiencia en la que debían justificar su acusación por un presunto fraude al Registro de la Propiedad Inmobiliaria deberán enfrentar un sumario administrativo. Se trata de Victoria Eugenia Rosales y Tomás Hugo Aibar, quienes representaron al Estado Provincial en la causa que se abrió contra el abogado Paulo Ibáñez, a quien responsabilizaban por omitir el cambio de titularidad en unas propiedades que había adquirido el 'Trader God' Edgar Adhemar Bacchiani. Por otra parte, Ibáñez, que ya fue sobreseido, iniciará una demanda contra el Estado por el lucro cesante y los daños y perjuicios provocados en los últimos cuatro años.
La decisión fue anticipada por Fiscalía de Estado, que ahora es encabezada por Nicolás Rosales Matienzo, cuyos pliegos fueron aprobados el último jueves por unanimidad en el Senado. Se hará efectiva desde el martes, primer día hábil luego del fin de semana largo.
El origen del conflicto se remite a 2022 y está estrechamente vinculado al proceso defraudatorio de Adhemar Capital. Caído el esquema piramidal y con los ahorristas avanzando sobre el pedido de quiebra de Adhemar Bacchiani, la entonces directora del Registro de la Propiedad Inmobiliaria, Claudia Patricia Valdéz, impulsó el sumario contra Paulo Ibáñez, por entonces responsable del Departamento de Folio Real, y dos empleadas subalternas, Norma del Valle Bravo y Andrea Beatriz Pacheco, luego de una auditoría realizada en el sistema registral en la que se detectó que alguien no había cargado en el sistema los cambios de dominio de dos inmuebles que había adquirido Edgar Adhemar Bacchiani. Según la acusación, Ibáñez había ordenado a Bravo y Pacheco que omitieran cargar los nuevos datos.
Los tres fueron denunciados penalmente y después de sortear varias instancias judiciales fue elevado a juicio oral. La defensa de Ibáñez, ejercida por el abogado Sebastián Ibáñez, se opuso al señalar que no había elementos de prueba para continuar con el proceso y pidió su sobreseimiento. El juez de Control de Garantías Santiago Ahumada Franzini hizo lugar al planteo, dispuso el sobreseimiento de Ibáñez en primera instancia y confirmó el juicio para las dos empleadas, acusadas del delito de "incumplimiento de los deberes de funcionario público" en calidad de coautoras. Ellas siguen trabajando en el Registro de la Propiedad.
Allí intervinieron los abogados de Fiscalía de Estado, Victoria Eugenia Rosales y Tomás Hugo Aibar, quienes apeló el sobreseimiento. El recurso fue rechazado por no estar debidamente fundamentado, pero estos insistieron con un recurso de queja y se habilitó una audiencia ante la Cámara de Apelaciones para que explicaran por qué consideraban que Ibáñez debía ser procesado y juzgado. Esa audiencia se realizó el jueves 21 en la Sala Penal y nadie de la Fiscalía de Estado se presentó para defender la acusación. Ante esta actitud, el Tribunal dio por desistido el recurso de apelación por "incomparecencia" y el sobreseimiento de Paulo Ibáñez quedó firme.
Demanda contra el Estado
Pese a que su situación no estaba resuelta, Ibáñez fue exonerado de la Administración Pública a mediados de 2024. Esto, para su abogado, le da sustento directamente a la demanda contenciosa y administrativa contra la Provincia por daños durante cuatro años.
"La ausencia (de los abogados de Fiscalía de Estado) implica una falta de respeto a los jueces de la Cámara de Apelaciones, una contradicción a su propio proceder que terminará pagando el Estado y una reprochable actitud hacia la parte acusada, que en definitiva quedó demostrado, como sostuvimos desde el comienzo, que no tuvo nada que ver con lo que se denunció", subrayó el abogado Sebastián Ibáñez a El Ancasti en su edición de ayer.
"Me denunciaron para cubrir a otros que cometieron un error, ya sea con intención o sin intención. No cargaron los inmuebles en nombre de Bacchiani para que no fueran embargados y este después los pudiera vender. Fui un chivo expiatorio", lamentó Ibáñez, ahora sobreseído.n
