Por Hernán Herrera (perfil.com)
El laboratorio económico de Milei está lleno de resultados alejados de la producción y el bienestar de las familias. Veamos. En términos contables, el gobierno puede mostrar un éxito: hacia octubre acumula un superávit primario cercano al 1,4% del PBI y aspira a cerrar el año en torno al 1,6% pactado con el FMI. Con la inflación en torno de 30%, la más baja desde 2017.
Pero estos son números fríos, que son consecuencias de un modelo, que no está funcionando para los argentinos, superávit y ajuste son dos caras de la misma moneda, y ésa es el ancla principal de la desinflación. Ese resultado se apoya sobre todo, en un recorte brutal de la inversión pública. Este 2025, en el acumulado de 10 meses, muestra un gasto de capital nacional que cayó más de 80% en términos reales frente a igual lapso de 2023, con subsidios que se ubican en segundo lugar en recortes, con caídas de 58,7% en igual comparación, consolidando un “superávit de obra pública paralizada”. El corazón del modelo es claro: ajuste fiscal por gasto, ancla salarial y apertura comercial enfocada en bienes importados, con el tipo de cambio real no tan alto y un sesgo pro sector financiero, con un descontrol de tasas inédito. El resultado no es una apertura que expande el mapa productivo, sino una que lo achica. Desde que asumió Milei hay 19.164 empresas registradas menos y 138.573 empleos privados formales menos, con mayor daño en las provincias industriales como Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe.
La economía que “se ordena” en las planillas del Tesoro o del Central se vuelve más angosta en el territorio. Sturzenegger decía en 2015 que sólo se podía arreglar la economía “si la gente pierde su trabajo”. Una vez más, lo están cumpliendo. Claramente esto que decía -y se presume que sigue pensando- el actual ministro de desregulación, es más ideológico que técnico.
La construcción condensa mejor que ningún otro sector la lógica del programa. Medido por INDEC, el ISAC recién empieza a mostrar variaciones interanuales levemente positivas en 2025, pero lo hace después de una caída muy profunda en 2024. Los datos del indicador de la construcción propio del Instituto Argentina Grande (IAG) muestran que, aun con el rebote puntual de septiembre, la actividad de la construcción (incluyendo la obra pública) en octubre de 2025 sigue casi 46% por debajo del promedio de 2023, tras una nueva caída mensual de 11%. Este desplome significa menos empleo intensivo en mano de obra, sobre todo en conurbanos y grandes aglomerados urbanos donde la obra pública y privada funcionan como absorbente de trabajadores con baja calificación y sostén de ingresos familiares. Situación que, lejos de buscar corregir, el actual gobierno, empuja a una mayor marginalidad. Los sectores industriales y de la construcción son lo que más empleos formales perdieron (más de 105.000 desde noviembre de 2023 s.e.), mientras minería está perdiendo empleo (posiblemente por una combinación de factores donde entra la automatización de procesos). Entonces no hay caso. No sirve lo que está pasando.
Si se mira la micro, el cuadro es aún más elocuente. Casi la mitad de los hogares (48%) tuvo que desplegar alguna estrategia para llegar a fin de mes: el 35% gastó ahorros, cerca del 10% vendió pertenencias y aproximadamente un cuarto se endeudó con conocidos o entidades financieras. Es decir, una parte significativa de una sociedad que resiste frente a las consecuencias negativas del modelo, no se explica por mejora del ingreso corriente sino por descapitalización de las familias y aumento del apalancamiento.
Del lado del sistema financiero formal, entre junio de 2024 y julio de 2025 el monto adeudado por personas a bancos y entidades financieras se duplicó en términos reales, mientras la cantidad de deudores se mantuvo en torno a los 15 millones de personas, alrededor de un tercio de la población.
Esa dinámica se da, además, en un contexto de pico histórico de morosidad: 9,1% de los créditos personales y 7,4% de las tarjetas de crédito están en situación de mora, los valores más altos desde que hay registros comparables (2010). Por primera vez, crecen al mismo tiempo el uso de la tarjeta y la mora, lo que sugiere dos fenómenos simultáneos: hogares que no pueden dejar de financiar gastos corrientes con plástico, y una fractura del consumo donde una parte de la población sostiene niveles elevados de gasto mientras otra se atrasa mes a mes.
Las empresas tampoco están indemnes. En septiembre se rechazaron más de 92.000 cheques por falta de fondos, el valor más alto de los últimos cinco años y un aumento superior al 100% respecto de fines de 2023, según los datos procesados por IAG a partir del BCRA. Los cheques son un instrumento fuertemente asociado a la operatoria de PYMES y comercios; su deterioro indica cortocircuitos crecientes en la cadena de pagos real.
Sobre este entramado de deuda y mora se monta en una economía que crece en informalidad y en brechas. El consumo masivo sigue deprimido: las ventas en autoservicios mayoristas caen más de 13% interanual y permanecen más de 11% por debajo del promedio de 2023 bajo la actual gestión, mientras que los supermercados apenas muestran una variación positiva marginal.
El resultado es una sociedad donde coexisten hogares que venden electrodomésticos para pagar la tarjeta con otros que aprovechan la apertura para viajar a Europa o aumentar el consumo importado. Algunos recordarán actuaciones de este mismo actor protagónico en películas extranjerizadas como “Los Noventa”.
El contraste ayuda a pensar alternativas. Mientras la Nación sostiene el superávit recortando la inversión, la provincia de Buenos Aires proyecta para 2026 un gasto de capital equivalente al 7,3% de su presupuesto —casi el mismo monto que la Nación destina a obra pública, pese a que el presupuesto nacional triplica al provincial—.
Un modelo alternativo para la Argentina actual puede hacerse con las cuentas públicas ordenadas: pasar de un ajuste basado en licuación de ingresos y parálisis de obra a una consolidación apoyada en crecimiento, productividad e integración formal.
