Líder. La Legislatura de Catamarca es la que tiene más cantidad de empleados de todo el país.
Hubiera sido el colmo que la Legislatura tuviera más empleados que las áreas de Educación, Seguridad o Salud, pero que disponga de más personal que todo el Poder Judicial marca un nivel de despropósito institucional que no tiene parangón en ninguna provincia del país.
Con 3.054 agentes presupuestados para el año que viene, el Parlamento catamarqueño se ubica como el cuarto enclave con mayor cantidad de agentes del Estado provincial, cosa extraña si se considera que el período ordinario de sesiones cubre tan sólo siete de los cinco meses del año –de mayo a noviembre-, que uno de esos meses no se trabaja por las vacaciones invernales y que la productividad legislativa se concentra en la elaboración y sanción de proyectos de declaración o pedidos de informes, pues la mayoría de las leyes, si no todas, vienen cocinadas desde el Poder Ejecutivo.
De acuerdo con un relevamiento realizado por la Red Ruido y Poder Ciudadano, el Poder Legislativo de Catamarca lidera el ranking nacional con la mayor cantidad de personal del país, superando a los 2.300 empleados legislativos de Chaco y los 2.850 de la provincia de Buenos Aires. Formosa tiene 1.802, Córdoba 1.583, CABA 1.145.
En beneficio de la Legislatura catucha, hay que destacar que fue una de las que accedió a proporcionar la información a Ruido, conducta que no llega a atenuar el hecho de que cuenta con 54 empleados por cada legislador y un legislador por cada 7.500 catamarqueños. Córdoba tiene un legislador cada 54.300 habitantes, Buenos Aires uno cada 126.800, La Rioja uno cada 12.500, Formosa uno cada 20.200, por poner algunos ejemplos.
Si cuesta imaginarse dónde entra tanta gente, más arduo resulta desentrañar a qué tarea útil dedica su tiempo. Con tamaña cantera de recursos humanos, las cámaras de Senadores y Diputados deberían ser una usina de ideas e iniciativas para resolver las múltiples deficiencias que tiene la Provincia, pero su protagonismo se limita a periódicos tiroteos verbales y escandaletes.
Mientras tanto, el Poder Judicial, cuyos conocidos inconvenientes funcionales impactan sobre el conjunto de la sociedad, tiene asignados solo 2.241 empleados. Es el 36% menos que los afortunados legisladores que, entre otras cosas, refrendan los presupuestos sin advertir semejantes desproporciones entre recursos y responsabilidades.
La distracción es comprensible. La única explicación plausible para el sobredimensionamiento es que la Legislatura cobija una inmensa estructura parasitaria en la que sopan todas las bancadas, cualquiera sea su pelaje.
La aflicción de los opositores por los puntos índice que el Gobierno reparte como confites deviene cómica en cuanto se advierte que no se dan por enterados de los excedentes parlamentarios.
En cuanto al oficialismo, tamaña abundancia de cargos justifica las encendidas reyertas entre sus legisladores por ocupar los puestos jerárquicos.
La Presidencia de la Cámara de Diputados, que al parecer continuará por dos años más en manos de la corpaccista Paola Fedeli, administra además de los fondos una grilla de personal superior incluso a la de la propia Corte de Justicia, con la diferencia de que el desempeño parlamentario no suele ser evaluado con el mismo rigor que el Judicial. Es una caja más que atractiva para financiar estructuras políticas y maniobrar dentro de la interna del oficialismo.
Aunque el enclave legislativo no goza del mejor de los prestigios, en cualquier caso cae bajo la misma repulsa que la política en general, en el contexto de descrédito de las instituciones.
En el mal de muchos, sin embargo, corre con ventaja: la labor parlamentaria es para la sociedad una especie de abstracción, mientras que las de los poderes Ejecutivo y Judicial tienen impacto concreto sobre la calidad de vida porque prestan servicios cuya cobertura se hace más gravosa por el mero crecimiento vegetativo de la población.
