El sostenido incremento de las enfermedades de trasmisión sexual engarza en un contexto marcado por las consecuencias de la deserción estatal en el campo de la salud pública, con evidencias que van desde la perseverancia del dengue a los riesgos devenidos de la caída de los niveles indispensables de vacunación infantil.
La Asociación Argentina de Pediatría ya advirtió sobre el peligro que implica la falta de inmunización adecuada, por posibles rebrotes de enfermedades que se suponía erradicadas o controladas, como la poliomielitis, el sarampión o la meningitis. Esta alarmante proyección, que retrotraería a la Argentina al siglo XIX, es ya una realidad en lo que se refiere a las enfermedades de trasmisión sexual. Faltaría que retornen males como el Chagas o el paludismo. O una epidemia de fiebre amarilla.
De acuerdo al Boletín Epidemiológico Nacional (BEN), en 2024 Argentina superó los 36.900 casos de sífilis, representando una tasa de más de 90 casos por cada 100.000 habitantes. La proyección para 2025 sugiere que esta tendencia ascendente no solo se mantendrá, sino que podría intensificarse. Que la Argentina tenga un problema con la sífilis marca la profundidad de un retroceso que es hasta cultural.
A este fenómeno se suma el alarmante crecimiento de la gonorrea, que presenta riesgos adicionales debido a la resistencia antimicrobiana. Estas infecciones, aunque curables, indican un fallo crítico en la cadena de prevención y tratamiento, donde el acceso a medicamentos se ha vuelto un desafío.
Esta crisis se extiende más allá de las bacterias, incluyendo el VIH, que sigue diagnosticándose en niveles preocupantes, y el Virus del Papiloma Humano (VPH), que se mantiene como la ITS más prevalente, a pesar de contar con una vacuna disponible. La clamidia y el herpes genital, a menudo asintomáticos, contribuyen a la propagación silenciosa de estas infecciones.
La conexión entre el aumento de las ITS y la deserción estatal es clara. La defección en la provisión de insumos y la falta de campañas educativas han creado un vacío que propicia la propagación de estas anacrónicas patologías.
La compra y distribución gratuita de preservativos se ha desplomado un 64%.
La falta de campañas masivas y efectivas sobre la importancia del uso del preservativo y las pruebas de diagnóstico han generado un vacío informativo de inquietantes consecuencias. La implementación de la Educación Sexual Integral (ESI), que para colmo es atacada por sectores ultramontanos, es en muchas regiones del país heterogénea y, a menudo, inexistente.
El sistema de Atención Primaria de la Salud, crucial para la detección temprana y el tratamiento de las ITS, atraviesa serias dificultades. La escasez de tests rápidos y la burocracia en el sistema de salud dificultan aún más el diagnóstico y tratamiento oportuno, en un estancamiento operativo que favorece la propagación de las patologías.
El aumento de las ITS representa un riesgo significativo para la salud pública, con costos económicos y sociales que trascienden a los individuos infectados. La falta de intervención estatal podría resultar en un incremento de las muertes y complicaciones asociadas con estas infecciones, creando un ciclo vicioso de enfermedades que se podrían prevenir con un enfoque adecuado.
Además, la carga sobre el sistema de salud se intensifica. Los pacientes con ITS complicadas requerirán más recursos médicos y hospitalarios, en un sistema que ya se encuentra desbordado por otros factores.
En el ámbito social, el estigma asociado a las ITS puede aumentar, dificultando que las personas busquen ayuda y atención adecuada. Esto perpetúa un ciclo de desinformación y falta de acceso a tratamiento, que afecta predominantemente a jóvenes y grupos vulnerables.n
