La denuncia por abuso sexual radicada contra un empleado de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) se inscribe en un contexto signado por la disputa entre la secretaria general del sindicato, Claudia Espeche, y la ex tesorera Soledad Carrizo, en la antesala de las elecciones para renovar las autoridades.
La confrontación entre ambas mujeres tomó estado público a raíz de un intercambio de denuncias penales por la malversación de alrededor de 30 millones de pesos de las cuotas sindicales que los municipios del interior descuentan de los sueldos de los empleados municipales que están en blanco.
De acuerdo a las primeras pesquisas judiciales, en lugar de transferir el dinero a las cuentas bancarias del sindicato, los responsables de las municipalidades se las daban a Carrizo en efectivo.
El dinero se esfumó y la maniobra saltó en una auditoría de UPCN Nacional del simple cotejo de los movimientos bancarios, en los que se registró una caída de los ingresos inexplicable porque los intendentes tenían comprobantes de que habían pagado. Las operaciones fraudulentas se habrían desarrollado entre 2022 y 2025.
Por sugerencia de las autoridades nacionales de UPCN, la delegación local intentó evitar el escándalo, pero Espeche desplazó a Carrizo como secretaria de Finanzas y la denunció el 14 de enero. La presentación se mantuvo en reserva hasta que Carrizo radicó la contradenuncia contra su exjefa.
La extesorera aseguró que los municipios "dejaron de transferir" los montos recaudados "por orden de Espeche", para quebrar la trazabilidad bancaria. Fue Espeche, dijo, quien la comisionó para retirar el dinero en efectivo, encargo que rechazó en primera instancia pero que luego tuvo que aceptar "porque recibió amenazas de ser separada del gremio y expulsada de la administración pública". La secretaria general le habría hecho firmar "48 pagarés en blanco".
Espeche amplió entonces su primera denuncia.
Sobre tan edificante trasfondo aparece ahora esta denuncia por abuso sexual con acceso carnal en contra de un empleado de UPCN, interpuesta por una exempleada del propio gremio cuyo nombre no trascendió, pero que está representada por los abogados Sebastián Ibáñez y Bruno Jerez, que también asesoran a la ex esorera Carrizo.
La denunciante asevera que los hechos denunciados habrían ocurrido en más de una oportunidad durante 2023, en la sede del sindicato. El supuesto degenerado la habría amenazado para que no realizara la denuncia, amparándose en un también presunto respaldo institucional.
“Ella no denunció antes porque estaba sometida a un mecanismo de coacción, por parte del sujeto y del entorno del sindicato, que le hacía temer perder su trabajo”, dijo ayer el doctor Ibáñez.
“La denuncia no solo busca justicia para nuestra asistida, sino también visibilizar cómo la asimetría de poder en ámbitos laborales puede condicionar la decisión de denunciar”, añadió.
La causa fue girada a la Fiscalía de Violencia Familiar y de Género y, obviamente, debe ser investigada y esclarecida, pero convendría considerar el escenario general, porque aparece en medio de una reyerta por el control de UPCN, en el marco de la cual se han puesto en marcha los dispositivos judiciales para dilucidar una estafa millonaria prácticamente confirmada. Sean responsables Espeche, Carrizo o las dos, nadie ha desmentido que se recaudaron cuotas sindicales en efectivo.
No puede descartarse que la denuncia por abuso sea una escalada denigrante de la sórdida disputa.
Gran pregunta para empezar a despejar el terreno: ¿de dónde proviene la denuncia? n
