La eventual candidatura de Rafael Grossi a la Secretaría General de la Organización de las Naciones Unidas para el período que se abrirá en 2027 plantea una paradoja: mientras el gobierno de Javier Milei sostiene formalmente su postulación, sus decisiones en política exterior y en materia de desarrollo estratégico minan, en los hechos, las condiciones necesarias para que esa candidatura prospere.
En el ámbito de la diplomacia internacional, las candidaturas no se definen únicamente por el mérito individual, que en el caso de Grossi es indiscutible, sino por la capacidad del Estado que las impulsa a construir consensos amplios y sostenidos. Y si hay algo de lo que la actual política exterior argentina carece es precisamente de esa capacidad.
El episodio más ilustrativo es el voto argentino en contra de la resolución impulsada por Ghana que buscaba reconocer la trata transatlántica de esclavos como uno de los crímenes más graves contra la humanidad. El bloque africano ha recibido con indignación esa insólita postura. Queda claro que ningún candidato a secretario General puede prescindir del respaldo de África sin ver comprometidas sus posibilidades desde el inicio mismo del proceso.
A esta tensión se suma un problema más estructural: el desgaste del prestigio técnico argentino en el ámbito nuclear, precisamente el terreno donde Grossi ha construido su autoridad internacional al frente del Organismo Internacional de Energía Atómica. La paralización de proyectos emblemáticos en este sector por razones de ajuste fiscal es un factor que también conspira contra la postulación.
El distanciamiento explícito del gobierno argentino respecto de la Agenda 2030 y de los consensos multilaterales, incluido el llamado Pacto del Futuro, introduce otra dimensión de conflicto. El secretario General de la ONU es, por definición, el ejecutor de los acuerdos alcanzados por los Estados miembros.
La política de alineamiento casi automático con determinados actores globales, en particular Estados Unidos e Israel, tampoco contribuye a la construcción de una candidatura de consenso.
La postulación de Grossi tampoco recogería adhesiones entusiastas en el Consejo de Seguridad. Allí, donde las grandes potencias ejercen el poder de veto, las tensiones acumuladas con países como China o Rusia, en el marco del rechazo argentino a los BRICS y de una retórica confrontativa, pueden transformarse en un obstáculo insalvable.
Para el gobierno de Milei, la candidatura de Grossi representa una oportunidad estratégica excepcional, pues colocar a un argentino al frente del principal organismo multilateral del mundo no solo tendría un valor simbólico, sino también una incidencia concreta en la capacidad de influencia del país en la agenda global. Pero esa oportunidad exige pragmatismo y modificaciones estratégicas en la política exterior.
Si el gobierno argentino no logra internalizar esta lógica, la candidatura de Rafael Grossi corre el riesgo de convertirse en un caso paradigmático de cómo una política exterior puede neutralizar el capital diplomático de uno de sus propios representantes más calificados. Y, con ello, Argentina podría perder una de las pocas oportunidades concretas de gravitar en el escenario internacional del siglo XXI.
