La fiscal Alejandra Antonino dejó sin efecto el pedido de prisión preventiva. César Romero, pareja de Lorena Salas, fue acusado por homicidio calificado.
Pareja. Lorena Salas, madre de tres niños y pareja de César Romero, el único acusado por el momento.
La fiscal de Violencia Familiar y de Género, Alejandra Antonino resolvió dejar sin efecto el pedido de prisión preventiva respecto de César Javier Romero, acusado por el presunto homicidio de su pareja, Lorena Salas, el 19 de marzo último, en Balde de la Punta, Capayán. A la vez, la representante del Ministerio Público dispuso su inmediata libertad. No obstante, la investigación continúa su curso.
Fuentes judiciales informaron que la medida se adoptó tras el análisis integral de la prueba reunida en la investigación –en un primer momento a cargo del fiscal de Instrucción de Novena Nominación del Distrito Sur Jonathan Felsztyna-, al considerar que, “en esta etapa del proceso, no se encuentran configurados con el grado de probabilidad requerido los extremos necesarios para sostener la existencia del hecho y la participación punible del imputado, conforme lo establece el Código Procesal Penal”. También se remarcó que la decisión no implica el cierre de la causa ni la desvinculación del imputado: Romero sigue imputado y la investigación continúa en curso.
La resolución de la fiscal Antonino llegó el mismo día en que estaba prevista la audiencia de prisión preventiva ante la jueza de Control de Garantías de Segunda Nominación, Cecilia Mas Saadi. La causa ingresó a la Fiscalía de Violencia Familiar y de Género tras su reciente remisión desde la Fiscalía de Instrucción de Novena Nominación. El análisis integral de lo actuado hasta el momento llevó a la fiscal especializada a concluir que la prueba disponible, en esta instancia, no alcanza el umbral de probabilidad que el proceso penal exige para avanzar con una medida de coerción de esa magnitud.
En ese marco, y como parte de las medidas probatorias producidas, se recibieron en Cámara Gesell los testimonios de los hijos pequeños de la pareja, junto con otros testimonios y un informe socioambiental. Esas medidas permitieron avanzar en el esclarecimiento de los hechos y, según evaluó la Fiscalía, redujeron los riesgos de interferencia en la investigación. Además, la fiscal consideró que no subsisten riesgos procesales concretos que justifiquen mantener la privación de la libertad, en particular ante la finalización de las principales medidas probatorias.
La investigación seguirá abierta hasta tanto se reúna la totalidad de la prueba pendiente y se adopte una resolución definitiva sobre el hecho. La prueba más esperada sigue siendo el dermotest —análisis de guantes de parafina para detectar residuos de disparo de arma de fuego—, cuyas muestras fueron enviadas a Salta para su procesamiento, dado que Catamarca no cuenta con la infraestructura necesaria para realizar esa pericia. Sin embargo, sus resultados aún no fueron incorporados al expediente y podrían ser determinantes para la calificación legal definitiva.
En materia de protección, la fiscal dispuso continuar con la intervención de los organismos competentes, la Dirección de Mujeres, Género y Diversidad y la Secretaría de Familia del Ministerio de Desarrollo Social, órgano de aplicación de la Ley Provincial 5357 de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes -respecto de los hijos de la pareja y de la abuela materna, María del Valle Salas, en su carácter de víctimas indirectas-. Esas medidas, que se mantienen y profundizan conforme a los protocolos aplicables en este tipo de casos, tienen por objeto garantizar un abordaje integral y sostenido, priorizando la contención social y psicológica de los chicos.
El pasado 19 de marzo, Lorena Salas, una joven madre de 28 años, ingresó sin vida al Hospital San Juan Bautista, con una herida de arma de fuego. La mujer tenía domicilio en Balde de la Punta, una localidad de 116 habitantes en Capayán, a 130 kilómetros de la Capital.
La autopsia descartó, hasta el momento, la muerte accidental y la hipótesis del suicidio, que no resultaría viable en función de las características anatómicas de la víctima y la estructura del arma utilizada. El informe balístico y las declaraciones del personal médico interviniente refuerzan esa conclusión.
La investigación se desarrolla con perspectiva de género y debida diligencia reforzada, dentro del protocolo de la UFEM para casos de muertes violentas de mujeres, estándar que se activó desde el primer momento y que se mantiene ahora que la causa está en manos de la fiscalía especializada. Su caso sigue abierto.
