29 de marzo de 2026 - 00:10
El intendente de Londres, Roberto Rodríguez, destacó como un mérito de su gestión haber reducido la planta del personal municipal de casi mil a sólo 530 empleados, entre becados y plantas permanentes. Otra forma de contar la hazaña administrativa sería que la Municipalidad de Londres pasó de un tercio a un 18% de sus 3.000 habitantes bajo presupuesto, cifra que podría mermar a 15% si el Gobierno accede a hacerse cargo de unos 80 agentes comunales que desempeñan sus tareas en organismos provinciales.
Entre el desplome de la recaudación y las maniobras de los intendentes para que el Tesoro Provincial los rescate, asoman cada vez más evidencias de sangrías presupuestarias. Entre el desplome de la recaudación y las maniobras de los intendentes para que el Tesoro Provincial los rescate, asoman cada vez más evidencias de sangrías presupuestarias.
Las manifestaciones del londrino se producen en el marco de las tratativas entre el Gobierno y los intendentes tendientes a una reorganización presupuestaria, inducidas por los problemas que ha provocado el desplome sostenido de los ingresos por coparticipación federal, un 25% de los cuáles se destina a financiar las estructuras municipales.
El diálogo fue abierto por el Gobierno hace casi un mes, para tratar de evitar que el conflicto de Belén, cuyo intendente, Cristian Yapura, se declaró insolvente para otorgar aumentos salariales, se contagiara a otras comunas.
El Gobierno abrió el paraguas porque la primera reacción de Yapura fue subordinar la satisfacción de las pretensiones salariales de los municipales belichos al auxilio económico del Tesoro Provincial. Se trata de un mecanismo clásico, asentado en años de ejercicio de una autonomía para gastar defendida tan celosamente como la dependencia para abonar los gastos, que en esta oportunidad se topó con las fuertes restricciones que tiene la Provincia para continuar sosteniéndola.
Acceder al pedido de Yapura hubiera implicado disparar un efecto dominó: todos los intendentes, acosados por planteles de salarios a la zaga de la inflación, pretenderían acogerse al mismo beneficio. Para conjurar semejante desmadre, se le sugirió al belicho que hiciera un programa de ajuste de gastos y se redactó el borrador de un pacto fiscal para establecer criterios generales de administración municipal.
10% más
El borrador del pacto fiscal se puso a circular entre los jefes comunales, que entraron en un cono de discreción hasta que el antofagasteño Mario Cusipuma propuso una alternativa que no tardó sumar adherentes: incrementar un 10% más los giros automáticos de la coparticipación a los muncipios. Una papa, lástimas las confesiones del londrino Rodríguez.
Que cerca de un 20% de la población de una localidad sea empleada municipal configura una patología administrativa importante, pero es un despropósito mayor que el responsable de haberla provocado suponga con toda naturalidad que el Gobierno tiene que financiarla.
¿Cuál será la situación del resto de las comunas?
Más cautos que su colega, el resto de los intendentes se abstiene de proporcionar datos, aunque sea revelador de sus concepciones que ninguno se prive de circular en camionetas cuyos valores superan los 80 mil dólares y cambian casi con la misma frecuencia que los calzoncillos, mientras lloran miseria porque la plata de la coparticipación no les alcanza para otorgar aumentos.
Si el Gobierno acepta aumentarles los giros automáticos por coparticipación, tal vez podrían surfear la crisis sin necesidad de que les hurguen las cuentas. Y sin sacrificar sus rumbosos niveles de vida, que sería más grave.
La infidencia de Rodríguez encastró con las novedades de una causa iniciada por la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) en contra de siete intendentes y cinco ex intendentes de Tucumán, Catamarca y Salta, que extrajeron casi 40 mil millones de pesos en efectivo de las cuentas municipales entre 2023 y 2024.
$15.000 millones en la nebulosa
El volumen de los montos retirados activó las alarmas de la PROCELAC, que requirió explicaciones y accionó penalmente contra los funcionarios que no pudieron darlas. Los catamarqueños comprometidos son los intendentes de Icaño, Franco Carletta, y Corral Quemado, Isidro Gómez, y el ex intendente de Belén, Daniel 'Telchi' Ríos. Entre los tres se hicieron con alrededor de $2.500 millones de pesos cuyo destino no pudieron hasta ahora explicar, con el simple trámite de firmar cheques y retirar la plata por ventanilla bancaria.
A valores actuales, serían unos 15.000 millones de pesos, más de 10 millones de dólares.
Que semejante cifra haya podido ser extraída en efectivo de cuentas públicas sin que nadie, salvo la PROCELAC y por dispositivos creados para detectar eventuales maniobras de lavado de activos, advirtiera la anomalía, es indicio de la arbitrariedad administrativa que campea en los municipios.
Prescindencia provincial
La Justicia Federal se declaró incompetente y la causa quedó en manos de la Fiscalía de Belén.
Al declinar competencia, el fiscal federal Santos Reynoso argumentó que los recursos afectados dejan de ser nacionales una vez que son girados como coparticipación e ingresan en el circuito provincial. Lo que retiraron Carletta, Gómez y Ríos eran fondos municipales. Reynoso señaló además que no podía hablarse de lavado porque se trató de dinero lícito, proveniente de la recaudación impositiva.
Lo que interesa es que las llamativas extracciones de efectivo de los intendentes fueron recriminadas por un organismo judicial nacional, ante la absoluta prescindencia provincial.
Ríos ya no está, habrá que ver si su sucesor al frente de la Municipalidad de Belén, Cristian Yapura, hizo algo para averiguar a dónde fueron a parar los más de $623.000.000 que sacó en efectivo del banco.
Carletta y Gómez continúan en sus puestos. El primero habría retirado más de $1.100 millones, el segundo unos $771.000.000 ¿Qué habrá sido de ellos? Por ahí el Gobierno les pregunta, como para acortar un poco los aportes que le piden entre lágrimas, para poder otorgar aumentos y no tener que cambiar la 4x4 por un rastrojero.
Entre el desplome de la recaudación y las maniobras de los caciques del interior para que el Tesoro Provincial los rescate, asoman cada vez con más fuerza evidencias de sangrías presupuestarias.
