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Cara y cruz

Refriega en Icaño

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12 de enero de 2022 - 00:00

Para el retorno a los rigores de la actividad opositora, tras un breve receso, la oposición seleccionó la municipalidad de Icaño, a la que considera en transgresión institucional debido a que su intendente, Pío Carletta, asumió como senador por el departamento La Paz pero no renunció al cargo comunal y fue suplantado por el presidente del Concejo Deliberante, que por casualidad es su hijo Franco.

Para el Comité Provincia de la UCR, presidido por el diputado nacional Francisco Monti, lo que corresponde es convocar a elecciones, porque Carletta no llegó a cumplir dos años de mandato como intendente.

“Al asumir la senaduría y faltando más de dos años para el vencimiento de su gestión como jefe comunal, se hace imperioso que el municipio convoque a elecciones de intendente municipal para completar el mandato que vence en el 2023, tal lo normando por el artículo 40 de la Ley Orgánica de Municipios (N° 4640). El plazo para el llamado a elecciones ha vencido y pareciera ser que el senador Carletta pretende detentar dos cargos electivos en simultaneidad, lo cual resulta contrario a normas constitucionales vigentes”, argumentó el partido en un comunicado de prensa.

El artículo 40 de la ley Orgánica de Municipios dice que "en el caso de producirse un impedimento definitivo para el ejercicio del cargo (de intendente), asumirá el concejal que designe el Concejo Deliberante a simple pluralidad de sufragios”, pero que "cuando faltaren más de dos años para completar el período, el Concejo deberá convocar a elecciones en el término de 30 días, a fin de designar a un nuevo Intendente, quien completará el período".

Carletta respondió que cuando asumió como senador habían transcurrido dos años y dos días de su gestión como intendente, de manera que cumplió con holgura de 48 horas los plazos estipulados por la ley para poder transferirle la intendencia a su hijo sin necesidad de someter al pueblo icañense al tormento de las urnas.

El senador-intendente consignó además que los concejales del radicalismo estuvieron presentes en la sesión donde le habilitaron la licencia para mudarse a la Cámara alta y no plantearon objeción alguna, argumento que tiene más miga política que el anterior, con el añadido de que los ediles boinablancas tampoco propusieron convocar a las elecciones que ahora exigen las autoridades de su partido.

Debe ser que, distraídos por la inminencia de las vacaciones después de un año de intenso trabajo, no advirtieron el inconveniente institucional que se estaba generando. Es impensable que no compartan los criterios que sus correligionarios acaban de exponer, sobre todo porque se trata de una supuesta violación a la ley y ya se sabe lo escrupulosos que son en general los representantes del pueblo.

El caso es que para la principal oposición la Municipalidad de Icaño está acéfala desde que se vencieron los 30 días establecidos para convocar a elecciones de intendente, circunstancia que podría dar lugar a otra de esas apasionantes sagas en las que se requiere a la Corte de Justicia que dirima.

Esta presunción se desprende del comunicado, que proyecta la situación del municipio lapaceño al Gobierno provincial.

“El estado de anomia que constantemente propone el partido gobernante no puede ser admitido por quienes respetamos el normal desenvolvimiento de las instituciones perfectamente estipulado en un encuadre jurídico que desde la Unión Cívica Radical haremos respetar a rajatablas, entre ellas la Constitución Provincial. Así debería hacerlo el partido gobernante, convocando a elecciones de manera urgente si de veras está interesado en preservar el orden democrático”, advirtió la conducción radical.

Falta que combine con sus concejales para dar consistencia a la embestida e iniciar la escalada. La eventual convocatoria a elecciones debería ser realizada por el Concejo Deliberante, presidido por Franco Carletta.

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