La Justicia pidió informes a Diputados y la ARCAT para reunir elementos sobre la acusación por utilizar empleados legislativos para desempeñar tareas en el Corralón San Javier.
Galán. El Juez de Garantías solicitó informes sobre los empleados de la Cámara vinculados al diputado.
El juez de Garantías Marcelo Sago, que debe definir si solicita el desafuero del diputado provincial Javier Galán (MID), solicitó información sobre los empleados designados por el legislador en la Cámara de Diputados y sobre el personal que cumple funciones en el Corralón San Javier, en el marco de la causa abierta por presunto peculado de servicios, abuso sexual y exacciones ilegales.
Además, libró oficio al ARCAT para determinar la situación societaria de la empresa y establecer formalmente su titularidad.
Las medidas profundizan una de las líneas más sensibles del expediente: la posible utilización de empleados pagados con fondos públicos en un comercio privado.
Las tres mujeres que denunciaron a Galán por abuso sexual todavía no realizaron las pericias psicológicas en el Cuerpo Interdisciplinario Forense (CIF), una prueba considerada central en este tipo de investigaciones.
El avance sobre la posible utilización de personal estatal para fines privados abrió un nuevo frente político para el legislador. El artículo 261 del Código Penal establece penas de dos a diez años de prisión e inhabilitación perpetua para el funcionario público que emplee en provecho propio trabajos o servicios pagados por el Estado.
Bajo esa figura, la Justicia intenta determinar si empleados nombrados en la Cámara de Diputados cumplían tareas en el corralón de Galán a cambio de salarios abonados por la Cámara baja.
La primera denuncia pública sobre este mecanismo fue realizada por Daniela Solohaga, quien además de denunciar a Galán por abuso sexual, aseguró que, pese a figurar como empleada legislativa, trabajaba en el comercio del legislador como contraprestación por mantener su designación. Su relato derivó en nuevas presentaciones y testimonios que reforzaron la hipótesis judicial.
Uno de ellos fue el de Iván Luna Avellaneda, quien también trabajaría en el Corralón San Javier y denunció que Galán intentó presionarlo para que desmintiera a Solohaga.
“Soy empleado de la Cámara de Diputados y parte de mi sueldo se lo entrego a Galán mediante transferencias a terceras personas”, afirmó.
Además, sostuvo que recibió presiones para negar los hechos denunciados. “(Galán) me dijo que yo tenía que negar a mi compañera, que tenía que decir que ella jamás trabajó en el Corralón, que yo jamás trabajé ahí y que nunca nos pidió dinero”, declaró.
Según el testimonio de Luna Avellaneda, Galán también le advirtió sobre las consecuencias que podía traer la causa judicial para quienes dependían políticamente de él.
“Me dijo que estaba metido en un problema y que si a él le pasaba algo, todos nos podíamos quedar sin trabajo”, aseguró.
El posible peculado comenzó además a poner bajo la lupa el funcionamiento interno de la Legislatura provincial, uno de los organismos estatales con mayor crecimiento presupuestario y de personal en las últimas décadas.
Las denuncias contra Galán reactivaron sospechas sobre prácticas similares dentro de la Cámara y volvieron a encender las alarmas sobre acusaciones de este tipo que, desde hace años, sobrevuelan sobre distintos legisladores. Para este año, Diputados y el Senado presupuestaron en conjunto 3.054 empleados, de los cuales 2.095 corresponden a Diputados y 959 a la Cámara alta.
El tema también impactó de lleno en el recinto durante la primera sesión ordinaria del año. En esa ocasión, la excompañera de lista de Galán, Sonia Nabarro cuestionó duramente al legislador y lo acusó públicamente de utilizar empleados de la Cámara en su negocio particular. “Se hace el Robin Hood. Todos sabemos la clase de persona que es y el trato que da. Por qué no dice que a sus empleados los tiene nombrados en la Cámara para trabajar en su comercio”, lanzó.
El cruce derivó en un fuerte malestar entre legisladores de distintos bloques, que reclamaron sacar el conflicto del recinto y dejar actuar a la Justicia. “Este espectáculo ya nos tiene hartos”, afirmó el diputado Carlos Aibar Quintar (LLA). En la misma línea, Tiago Puente (Generar) pidió “dejar de traer la interna en cada sesión”.
Desde el oficialismo insistieron en que la definición debe quedar en manos de la Justicia.
