La crónica policial indica que el viernes pasado una mujer de 25 años fue interceptada por personal de la Comisaría Segunda cuando circulaba por la zona sur de la ciudad capital a bordo de un taxi con 150 comprimidos de ansiolíticos. Por la cantidad, se presupone que las pastillas iban a ser vendidas de manera ilegal, pues se trata de un medicamento que solo se vende con receta. No se trata, por cierto, de un hecho aislado. Solo durante el mes de junio fueron secuestrados cerca de 8.500 comprimidos de esa sustancia en procedimientos de la Policía, bajo directivas de la Justicia Federal.
Si bien estos procedimientos son exitosos, pues se detecta a la persona que los transporta para el comercio ilegal, también es cierto que ataca una parte minúscula del problema. La clave es determinar cómo esos productos salen de farmacias o laboratorios para la venta ilegal, cuál es la cadena de responsabilidades en la distribución y venta, cuáles son los controles que deberían establecerse y por qué se eluden.
El comercio ilegal de psicofármacos crece y se sustenta en un incremento notable del consumo en la Argentina y también en Catamarca. Un informe del Sindicato Argentino de Farmacéuticos y Bioquímicos de 2019 señalaba que alrededor de 9 millones de personas en el país consumen aproximadamente 130 millones de comprimidos de psicofármacos (clonazepam, alprazolam, lorazepam y diazepam), un 85% de ellas a través del protocolo legal, es decir, bajo receta archivada. El 15% restante se adquiere en el mercado negro. Ese mercado negro está conformado por ventas mano a mano, negocios formales pero no habilitados para expenderlos e internet.
El informe fue elaborado antes del comienzo de la pandemia, que disparó el consumo de ansiolíticos, de modo que es fácil inferir que el mercado, tanto el legal como el ilegal, es hoy mucho más grande, superando largamente los 150 millones de comprimidos.
La venta ilegal de medicamentos es peligrosa porque pueden llegar a personas que no han sido debidamente diagnosticadas, porque no hay un control sobre el uso que se le da (puede haber sobredosis o consumo mezclado con alcohol, lo que los vuelve muy peligrosos) y tampoco sobre el estado en que se encuentran a la hora de consumirse, pues pueden estar vencidos o incluso adulterados.
Los especialistas advierten que también hay riesgos con los psicofármacos que se venden en el mercado legal. Sostienen que son recetados por profesionales con especialidades que no están directamente vinculados con la salud mental de sus pacientes, como médicos clínicos o traumatólogos. Se calcula que solamente el 5% de las indicaciones de este tipo de medicamentos las hacen psiquiatras.
Como puede observarse, detrás de los operativos policiales por venta ilegal de ansiolíticos hay todo un negocio que enriquece a los delincuentes y afecta en la salud a millones de personas. Por esa razón, desbaratar todo el circuito ilegal y hacer más eficaces los controles es una medida muy necesaria. Los éxitos parciales en las pesquisas están lejos de ser una solución de fondo.n
