El caso del alumno que mató con una escopeta a un estudiante de 13 años en una escuela en San Cristóbal, Santa Fe, y le disparó a otros, no puede analizarse desde una perspectiva individual. Es lógico que se indague el contexto escolar o familiar del victimario buscando indicios respecto de las motivaciones personales que lo llevaron a desencadenar semejante tragedia, pero existe una gravitación que proviene de un entorno social donde campea la violencia.
El mundo atraviesa un periodo de belicismo exacerbado, pero también el país está inmerso en un clima de agresividad que el predominio de la narrativa oficial, lejos de aplacarlo, lo alienta.
Si campea la violencia en una sociedad, un recurso preventivo clave es establecer estrictos controles para que la población civil no acceda a las armas de fuego y que el uso de éstas sean patrimonio exclusivo de personas adiestradas profesionalmente y que además integren las fuerzas de seguridad.
Sin embargo, el discurso dominante en el gobierno sobre este tema, particularmente la exministra de Seguridad y actual senadora Patricia Bullrich, promueve la tenencia de armas por parte de los ciudadanos. La narrativa oficial no se agota allí: es acompañada por medidas concretas para flexibilizar las políticas de control de armas de fuego y el acceso de particulares a ellas. En los últimos dos años el gobierno nacional bajó la edad mínima de tenencia de armas de 21 a 18 años; habilitó mecanismos de acceso exprés a armamentos y también al uso de fusiles semiautomáticos; y desarticuló la Agencia Nacional de Materiales Controlados, que tenía la función de registrar, autorizar y fiscalizar todas las actividades relacionadas con armas de fuego, municiones, explosivos y materiales afines en Argentina. Además, controlaba a usuarios, comercialización y gestionaba la destrucción de armas.
Luego del gravísimo hecho ocurrido el lunes, Julián Alfie, miembro de la Red Argentina para el Desarme (RAD) y del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip), reflexionó que “el riesgo de morir en un tiroteo en la escuela es un peligro que el gobierno agudizó directamente con sus políticas y con su discurso”. Y añadió que la administración de Milei “tomó decisiones de flexibilización para el acceso a armas de fuego que promueven y facilitan que sucedan este tipo de tragedias”.
Las estadísticas globales refuerzan este punto de vista. Los episodios de violencia en lugares públicos perpetrados por civiles armados son mucho más comunes, y más trágicos, en lugares donde hay mayor flexibilidad para el acceso a armas de fuego. Estados Unidos es el caso más evidente.
Queda claro que el Estado debe recuperar capacidad de control efectivo sobre el acceso a armas, porque su circulación indiscriminada multiplica riesgos irreversibles. Pero también es imprescindible exigir mayores responsabilidades a los adultos respecto de los menores, en el hogar y en la comunidad. Sin ese doble compromiso —institucional y social—, la violencia seguirá encontrando caminos para reproducirse.
