El torniquete sobre las finanzas provinciales tramado entre el desplome de la coparticipación y el pronunciado retroceso de la inversión directa nacional en el interior incorporó un nuevo nudo con la reestructuración presupuestaria ejecutada por el Gobierno nacional a través de la decisión administrativa 20/2026.
Aparte de las multimillonarias restricciones sobre partidas presupuestadas para salud, educación, desarrollo social, energía y obras públicas, la disposición recortó $320.711 millones del Programa de Relaciones Institucionales y Desarrollo Regional. Es el monto más alto dentro de una reducción global que alcanza los $2,5 billones y se apodera del 70% de los fondos para Aportes del Tesoro Nacional que quedaban disponibles para lo que resta del año.
La coparticipación disminuye por la baja de la actividad económica y el consecuente deterioro de la recaudación y la merma de la inversión nacional en obras públicas está en el corazón de la doctrina libertaria. Con los ATN la cosa es distinta, se trata de un arrebato lineal: aunque sean repartidos discrecionalmente por la Casa Rosada, se financian con el 1% de los recursos de la coparticipación. La Nación solventa su superávit fiscal con dinero proveniente de impuestos que por ley pertenece a las provincias.
Las intervenciones federales habrán caído en desuso, pero la langosta federal mantiene envidiable lozanía. Acuñada a principios del siglo XX por los poderes provinciales intervenidos, la metáfora caracterizaba la rapacidad del funcionariato designado por los Presidentes para disciplinarlos.
Milei prescinde de interventores. Al ministro de Economía Luis “Toto” Caputo y el operador inmobiliario Manuel Adorni les bastó con una decisión administrativa para engullir más que cualquier manga de saltamontes, al barrer.
Condicionados por el derrumbe de la recaudación y los giros nacionales automáticos, obligados a financiar obra pública con recursos propios, los gobernadores tienen que extremar la muñeca política para capturar fondos discrecionales que ahora también se reducen, sacrificados en el altar del superávit.
En comparación con el primer cuatrimestre del año pasado, las transferencias automáticas de la Nación a Catamarca cayeron un 5,1% en términos reales. Es una pérdida de $31.545 millones, que el gobernador Raúl Jalil consiguió atemperar en parte con $12.370 millones de asignaciones discrecionales negociadas con la administración Milei, de las cuales más de la mitad fueron ATN.
En términos generales, las provincias perdieron 1,4 billones en el período.
Este deterioro financiero engrana con un retroceso inédito de la inversión directa nacional, que los gobiernos provinciales intentan cubrir como pueden. En 2025 terminó un 61,5% por debajo del promedio histórico registrado entre 2003 y 2023.
Las provincias tuvieron además que asumir los costos de la deserción nacional en áreas sensibles como educación y salud, sobre las que la reestructuración presupuestaria también avanzó.
Que el Gobierno nacional haya tenido que echar mano de los ATN para dibujar el superávit es un pésimo augurio en el panorama general de ajustes sistemáticos, que para Catamarca se proyecta inquietante sobre agosto. A partir de ese mes, el Ministerio de Economía comenzará a descontar de la coparticipación las cuotas un adelanto $150.000 millones, con un interés del 15% anual.
La expectativa es que para entonces la economía comience a repuntar, pero ninguno de los pronósticos que Milei hizo en tal sentido desde que asumió en diciembre de 2023 se ha cumplido.
Con los mandatarios provinciales trajinando despachos para conseguir oxígeno, los reclamos por la depredación de presupuestos cambian de escenario.
La sede del Consejo Federal de Inversiones está inactiva desde el año pasado como punto de reunión de los gobernadores para coordinar maniobras colectivas. Esa Jabonería de Vieytes para presionar sobre la Casa Rosada parece haberse vuelto itinerante y sus operadores son los intendentes.
Al no tener vínculos directos con la Casa Rosada, los jefes comunales cuentan con un margen de maniobra política más amplio para los reproches, pero su agenda es idéntica a la que esgrimían hasta el año pasado los gobernadores, que quedó en suspenso después la victoria electoral libertaria.
A mediados de semana, el Consejo Federal de Intendentes se reunió en Rosario y emitió un documento ayuno de sutilezas diplomáticas. “El equilibrio fiscal es una meta que compartimos y practicamos, pero es ilegal e inmoral si se financia con el despojo a las provincias y municipios”, advirtieron más de 300 intendentes de todo el país.
San Fernando del Valle de Catamarca estuvo representada por el secretario de Gabinete de Gustavo Saadi, Mariano Rosales.
Los municipios pidieron la coparticipación del impuesto a los combustibles y los ATN, iniciativas que tienen estado parlamentario en el Congreso con más de un proyecto, entre los que están los presentados por el bloque de senadores “Convicción Federal”, que preside la jujeña carolina Moisés e integran el catamarqueño Guillermo Andrada y la tucumana Sandra Mendoza.
“No pedimos asistencia: exigimos la restitución de los recursos que nuestras comunidades generan y que el Ejecutivo Nacional retiene de forma arbitraria. Hablamos desde la autoridad de quienes ya hemos aplicado la austeridad y la modernización tecnológica. Hemos optimizado cada peso con transparencia y eficiencia. Las provincias y las ciudades no son un gasto, es el motor que sostiene a la Argentina”, planteó el documento de los intendentes.
El encuentro rosarino ocurrió una semana después de la billonaria poda aplicada por la decisión administrativa 20/2026. Sus conclusiones fueron la respuesta política del interior a la última incursión de la langosta federal.