Pocas veces quedó tan claro el carácter político del Jury como en el proceso que se lleva adelante en contra del fiscal de Instrucción Nº 5, Hugo Costilla.
Pocas veces quedó tan claro el carácter político del Jury como en el proceso que se lleva adelante en contra del fiscal de Instrucción Nº 5, Hugo Costilla.
El tribunal debe decidir si se allana a la suspensión de la primera audiencia del juicio por el desempeño del funcionario en la llamada “Causa Wika –vinculada a las criptoestafas de Edgar Adhemar Bacchiani- y a la recusación del fiscal Augusto Barros, planteadas por el acusado después de radicar una denuncia en contra del propio Barros y Arturo Herrera Basualdo, uno de los secretarios de la Corte de Justicia.
Costilla sostiene que Barros y Herrera Basualdo forman parte de una especie de conjura para destituirlo. Ya había recusado a Barros antes, en base a unos audios atribuidos al abogado Rolando Crook que lo sindicaban como operador del Gobierno en el Poder Judicial.
Crook desmintió los audios y la recusación no prosperó.
Ahora, el disparador fue un mail que Herrera Basualdo envió a Barros con pliegos de preguntas para formular a testigos del Jury.
Para Costilla, esto demuestra una connivencia entre los dos que atenta contra su derecho a defensa, porque Herrera Basualdo fue abogado del empresario Cristian Guillou en la causa “Wika” y, entiende, asesora a Barros.
Barros y Herrera Basualdo hicieron presentaciones espontáneas ante la Fiscalía desmintiendo la acusación. Según dicen, el correo fue la respuesta a una consulta informal de Barros, que estaba absorbido por sus funciones como fiscal de Cámara en el juicio por jurados que se realizaba por el crimen de Marcelino Pachado y debía elevar los pliegos de preguntas para los testigos del Jury en plazos perentorios.
Ambos inscriben la denuncia de Costilla en una maniobra dilatoria para evitar sentarse en el banquillo el próximo lunes, cuando debería iniciarse el debate por el “Caso Wika”.
Ese mismo lunes vence el plazo para que Costilla presente su descargo ante la acusación de Barros en otro Jury que lo acecha por su desempeño en las “absoluciones pagas” del asalto de Parque América.
La decisión del tribunal del Jury respecto de este último planteo de Costilla tendrá un efecto político nítido, porque si lo admite se caerán no uno, sino dos procesos, por carencia de fiscal.
Barros debería ser reemplazado y da la casualidad de que Costilla presentó a varios fiscales para que testifiquen sobre su rectitud moral e idoneidad ¿Cuál de ellos reemplazaría a Barros? Las vías recursivas podrían extenderse hasta el infinito.
Obviamente, a Costilla le asiste el derecho de interponer todos los recursos a su alcance para defenderse. Sin embargo, en términos estrictamente políticos, hay algo que no alcanza a entenderse: ¿cuáles son los motivos por los que el Gobierno pretende desplazarlo?
El fiscal postula la hipótesis de una conspiración sin móvil visible. No se registra en todo su derrotero, que por cierto incluye exitosas investigaciones, ningún episodio que pueda haber incomodado al poder político. Nótese que si tiene información sensible y no acciona en consecuencia estaría incumpliendo con sus deberes como custodio de los intereses de la sociedad ante el delito.
El Jury, por la causa “Wika”, las “absoluciones pagas” o la detención en Santa Fe de una hija de Rodrigo del Campo, debería hacerse aunque fuera para saber quiénes son los miembros del poder que pretenden expulsarlo del Poder Judicial.
La decisión está en manos del tribunal de juicio político y lo que está en juego es la credibilidad del Poder Judicial.
En el debate, cara a cara con Barros, tendrá una escenario inmejorable para desenmascarar a sus enconados enemigos.