Por Marcelo Altamirano (*)- Especial para El Ancasti
Es bueno comenzar con la aclaración de que el RIGI es solo una parte de un conjunto de normas que tienden a reconfigurar la estructura productiva y de distribución del ingreso en nuestro país, y es en ese contexto que sería correcto analizar sus implicancias destinadas a garantizar por treinta años la estabilidad jurídica, fiscal, cambiaria, comercial y ambiental en todo el territorio de nuestro país.
Dice el Art. 165 del RIGI “…Sin perjuicio del ejercicio legítimo de las jurisdicciones y competencias locales, cualquier norma o vía de hecho por la que se limite, restrinja, vulnere, obstaculice o desvirtúe lo establecido en el presente título por parte de la Nación como las provincias, por sí y por sus municipios, y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que hubieran adherido al RIGI, será nula de nulidad absoluta e insanable y la Justicia competente deberá, en forma inmediata, impedir su aplicación..” luego en el art 218 resigna la potestad de autoridad de aplicación y somete cualquier controversia en su última instancia a extraña jurisdicción art 221 y 222.
Esto significa a mi criterio poner en discusión la vigencia del contrato social de los catamarqueños en sus pilares fundamentales de autonomía político administrativa y el carácter de propiedad colectiva de sus recursos naturales.
Esta situación no es técnica, es política e interpela profundamente respecto de las motivaciones o argumentos de peso que pueden haber llevado a los legisladores nacionales que representan al pueblo y a la provincia, a tomar la decisión de aprobar esta ley. Curiosamente, son los mismos legisladores que con su voto o con su ausencia a la sesión correspondiente, permitieron que sus colegas no fueran sancionados por la visita a los represores presos y condenados por crímenes de lesa humanidad.
La situación es también una interpelación a la sociedad en su conjunto respecto de ese contrato social que nos identifica, su mecanismo de representación y las meta normas que garanticen su vigencia, algo debemos hacer al respecto.
Las bondades económicas del RIGI se han explicitado sin mayores detalles argumentales, se dice que habrá una lluvia de inversiones, que es de las oportunidades que no hay que dejar pasar porque impactará en el desarrollo de proveedores mineros generando empleo y que Catamarca por fin estará en el firme camino del crecimiento y desarrollo.
Creo honestamente que la ley bases es una ley nacional que limita en forma definitiva las posibilidades de las provincias en términos de poder sacar provecho mediante el agregado de valor a la explotación de sus recursos, y lo creo no solo por el contenido jurídico de la norma, sino también por el modelo económico de primarización de la economía nacional que impulsa el gobierno actual, con base en una recesión industrial sin precedentes entre otras cosas.
Debo insistir que, las inversiones en el sector primario o extractivo de la economía se caracterizan por ser fuertemente intensivas en tecnología e intensivas en maquinaria y equipos pesados muy específicos al igual que las construcciones civiles involucradas, es decir esos recursos no tienen usos alternativos posteriores. Por su parte no son generadoras de empleo en forma significativa (los sectores extractivos representan desde hace mucho tiempo a esta parte solo el 6% del empleo generado en la economía y eso no varía independientemente del incentivo), puede que tengan algún pico estacional en el período de construcción no más de eso. Esto es un dato, y no configura un prejuicio ideológico decir que este tipo de inversiones no resultan en un fuerte impacto positivo en las regiones proveedoras de los recursos naturales si no existe regulación del estado de por medio como es el caso que nos ocupa.
También es un dato la experiencia de Catamarca en este tipo de incentivos que vienen desde la instalación de las colonias, la puesta en marcha de las cooperativas, la promoción industrial, el diferimiento de impuestos para inversiones agropecuarias y turísticas y la más reciente ley de inversiones mineras, todos estos intentos supusieron mejoras en el ciclo del producto bruto geográfico, pero no alteraron en forma definitiva su tendencia hoy decreciente. En una apretada síntesis podemos decir que las colonias y cooperativas fueron lentamente diluyéndose las primeras en casas de fines de semana, las otras en empresas semiestatales o simplemente desaparecieron; las industrias textiles promocionadas sobrevivieron a duras penas con un par de casos exitosos pero ciertamente generaron un efecto de traslado de conocimiento hacia la mano de obra que le ha permitido renacer en cada oportunidad de variaciones en el tipo de cambio; los establecimientos agroganaderos localizados vía diferimiento casi ya no existen pero generaron un fenomenal traslado de prácticas y tecnologías a los productores locales y finalmente por efecto de la ley de inversiones mineras solo hubo una experiencia mensurable en cobre y oro y luego el período del litio que tiene un impacto muy focal. En su momento se dijo que la minera al igual que los diferimientos, supusieron inversiones cercanas a los mil millones de dólares en cada caso.
Existe un concepto en teoría económica que se conoce como la enfermedad holandesa y que en forma simple explica lo que sucede en una economía de bajos niveles de desarrollo cuando obtiene ingresos extraordinarios provenientes de algún recurso extraordinario, esos ingresos adicionales hacen que los habitantes de esa economía demanden bienes que el sistema local no provee y en el muy corto plazo pasa de ser una economía superavitaria a una deficitaria.
Esto le pasa a Catamarca en forma continua con la coparticipación federal de impuestos (enfermedad holandesa fiscal), de la misma manera que la inversión externa, la coparticipación no es otra cosa que la canalización de ahorro desde otras economías/provincias y, como no desarrolla su sistema productivo, le termina pasando que por cada peso que recibe de extraña jurisdicción, alrededor de ochenta centavos rebotan hacia economías de mayor desarrollo relativo. Ese es el problema central de la economía local, para resolverlo las herramientas de explotación de los recursos naturales sin regulación alguna, resultan cuando menos inocuas y peor si eso sirve para provocar una competencia entre provincias.
Reducir esta discusión a la manipulación maniquea de adherir o no hacerlo, resulta en la pura banalización del problema, con la intención de que las personas lo consideren una disputa propia de la política y que solo es una causa más de su hastío cotidiano y lograr así que los efectos verdaderos sigan desfilando invisibles a sus ojos.
(*) Licenciado en Economía- Docente e investigador de la UNCA.
