La decisión del Gobierno argentino de votar en contra de la Resolución “Las cooperativas en el desarrollo social” en la Asamblea General de las Naciones Unidas coloca al país en una posición de aislamiento innecesario y, lo que es más grave, en abierta contradicción con una tradición histórica profundamente arraigada.
La resolución rechazada se limitaba a reconocer y promover el papel de las cooperativas a nivel global, caracterizándolas como “empresas comerciales sostenibles y pujantes” y destacando su contribución a la generación de empleo decente, la erradicación de la pobreza y del hambre, la educación y la protección social, incluida la cobertura sanitaria universal. Objetivos todos ellos que, durante décadas, formaron parte de los consensos básicos de la política exterior argentina.
Aun así, el país optó una vez más por pararse en la vereda opuesta a la inmensa mayoría de la comunidad internacional. La resolución tuvo solo tres votos en contra —Argentina, Estados Unidos e Israel— frente a 179 países que acompañaron la iniciativa.
La Argentina cuenta con una larga y fructífera trayectoria en el desarrollo del movimiento cooperativo. Desde las cooperativas agrarias hasta las de servicios públicos, trabajo, vivienda o crédito, el cooperativismo ha sido una herramienta central de organización social, desarrollo local e inclusión económica. En la actualidad funcionan en el país alrededor de 20.000 cooperativas, que generan empleo, arraigo territorial y respuestas concretas en ámbitos donde muchas veces el mercado y el Estado no llegan con eficacia. A este dato se suma otro de fuerte peso simbólico: la Alianza Cooperativa Internacional (ACI), una de las organizaciones no gubernamentales más grandes del mundo, está presidida por un argentino, Ariel Guarco.
Este episodio, además, no es un hecho aislado. Desde la asunción de Javier Milei, la Argentina ha comenzado a votar en la ONU en contra de posiciones que históricamente sostuvo, incluso a través de gobiernos de distinto signo político. En octubre de 2025, por ejemplo, el país votó a favor de mantener el embargo a Cuba, alineándose nuevamente con Washington e Israel y quedando del lado opuesto a 165 países que se pronunciaron contra una política largamente cuestionada por la comunidad internacional.
En noviembre de 2024, la Argentina fue el único país que votó en contra de una resolución a favor de los Derechos de los Pueblos Indígenas. Ese mismo mes, volvió a quedar completamente aislada al oponerse a una resolución para la Eliminación de la violencia contra las mujeres. Y repitió la lógica al votar en contra de una iniciativa vinculada a la Prevención de la Tortura. A todo ello se suma un cambio de carácter estratégico: el rechazo explícito, desde el inicio de esta gestión, a la Agenda 2030, un marco de cooperación internacional que la Argentina había acompañado desde su origen.
Las posiciones internacionales del país no pueden quedar libradas a las convicciones cerradas del gobierno de turno. Mucho menos pueden estar condicionadas por alineamientos basados en la sumisión a potencias. La política exterior debe ser una política de Estado, sostenida por consensos amplios y por una verdadera independencia de criterio frente a los temas que se discuten. n
