Habitual. Los secuestros de grandes cantidades de droga en las camineras de la 38 se han vuelto rutinarios.
Aparte de referir los siempre entretenidos detalles sobre las criptoestafas y su compleja investigación, el juez federal Miguel Ángel Contreras expuso un inquietante diagnóstico sobre las carencias que lo limitan para combatir el narcotráfico. Sus manifestaciones introducen una cuota de realismo frente al entusiasmo que podrían generar los numerosos secuestros de drogas en los puestos camineros de la Ruta Nacional 38, que a esta altura se han convertido en una rutina.
La frecuencia y el volumen de los hallazgos en el corredor han comenzado a generar saludables suspicacias entre los encargados locales de perseguir el narco, sobre todo entre los más experimentados. Obviamente no se trata de aflojar los controles, pero no deja de ser llamativa la perseverancia de los traficantes en una ruta al parecer tan riesgosa para ellos.
Contreras destacó un elemento. “Llama la atención el número (de secuestros) y que pasen tantos controles, porque vienen de Bolivia pasando Salta y Tucumán y los detenemos acá. ¿Cómo pasaron tantos controles?”, se preguntó.
Según dijo, se planteó la posibilidad de implementar nuevas formas de control al momento de cargar los equipajes, “porque viene alguien en colectivo, se descubre que hay una mochila con droga en los baúles del micro, el pasajero tira el ticket de control de equipaje y nadie sabe a quién pertenece el bulto”.
“Es necesario que se involucre la Dirección de Transporte de cada provincia para implementar controles por cámaras o canes al tiempo de cargar, que no es una cuestión operativamente cara. Serán muy efectivos, porque no puede ser que venga gente cargando 30, 40 o 50 kilos de estupefacientes” atravesando varias provincias, consideró.
La cantidad de droga incautada conduce a preguntarse sobre los volúmenes que no se incautan, en la 38 o en cualquier otro punto de ingreso al territorio provincial. Es indudable que la circulación es enorme, sea en tránsito hacia otras provincias o para acopiarse y redistribuirse dentro de Catamarca.
Esto plantea desafíos para los que el sistema, de acuerdo con las declaraciones de Contreras al programa “Se acabó lo que se daba”, en “Ancasti Streaming”, no está preparado. Peor aún: a criterio del juez ya está colapsado por falta de recursos, tanto en lo que se refiere a la capacidad de control como a la disponibilidad de espacio para alojar a los reos.
El asunto, para colmo, no forma parte de la agenda de debate público.
“En tiempos de campañas políticas la gente habla de este tipo de cosas, pero desde que estoy en el Juzgado ningún político se acercó a pedirme estadísticas de lo que representa hoy en Catamarca el narcotráfico. Ni siquiera para saber la cantidad de detenidos, que es un problema porque no tengo lugar para alojarlos. Hay más detenidos por narcotráfico que por delitos de otra naturaleza, y las comisarías no pueden albergar a esa gente”, advirtió el juez.
“Tenemos mujeres con hijos, a veces son de otras provincias y tienen hijos… Son situaciones que nos están trayendo dolores de cabeza”, ejemplificó.
El carácter interdistrital del problema excede la capacidad de la Provincia y demanda coordinación con las autoridades judiciales y políticas de otras jurisdicciones, pero no integra el temario regional y persisten vacíos legales importantes.
Contreras consignó, por ejemplo, que el tráfico de ansiolíticos “aún no tiene un encuadre legal” y que “es casi inexistente la pena cuando se encuentra a un sujeto con mil o dos mil pastillas de una droga que puede ser un antidepresivo o ansiolítico. Simplemente se incauta la mercadería y ya está”.
La impresión es que la dimensión del flagelo y sus alcances sigue siendo subestimada. De hecho, solo se expone a la opinión pública bajo dos aspectos: el policial, por los procedimientos antidrogas y los procesos judiciales; y el político, como acusación entre facciones antagónicas por supuestas complicidades.
