Australia abrió la semana pasada un debate que ya traspasa sus propias fronteras. Se convirtió en el primer país del mundo en empezar a aplicar una norma que impide a los menores de 16 años acceder a las redes sociales, bajo el argumento de que la medida apunta a proteger la salud mental de niños y adolescentes.
La decisión, no exenta de cuestionamientos pero también de apoyos fervorosos, se transformó en una señal que se sigue con atención a nivel internacional a los efectos de analizar sus consecuencias positivas pero también las negativas.
Las plataformas, en rigor, nunca fueron un territorio pensado para las infancias. De hecho, sus propios términos de uso establecen que los niños no deberían operar en ellas. Sin embargo, por lo general habilitan el ingreso desde los 13 años, un umbral que Australia decidió elevar. Ese salto de tres años es el que otros países evalúan imitar si la experiencia demuestra ser efectiva.
La implementación no resultó sencilla. Tanto las empresas tecnológicas como los propios adolescentes que quedan afuera de las redes manifestaron reparos. Hasta ahora, el sistema se movía sobre una obviedad tolerada: al momento de inscribirse, muchos chicos simplemente mentían su edad y podían ingresar sin mayores contratiempos. La nueva legislación australiana busca impedir este atajo. Ordena a las compañías que administran las redes a demostrar que tomaron “medidas razonables” para detectar y desactivar cuentas de usuarios menores de la edad permitida; de no hacerlo, deberán enfrentar multas millonarias en dólares.
Los fundamentos a favor de la ley son conocidos y, en buena medida, difíciles de refutar. Básicamente se relacionan con la necesidad de evitar que los chicos accedan a contenidos violentos, sean víctimas de ciberacoso o grooming, o queden expuestos a dinámicas nocivas para su salud mental.
Pero también surgieron algunas advertencias. Diversos colectivos e instituciones señalaron que, para muchos adolescentes -en especial los que integran comunidades de pueblos originarios, zonas rurales, grupos LGTBIQ+, jóvenes en adopción o con alguna discapacidad- las redes sociales suelen ser el único canal para sostener vínculos afectivos, culturales y familiares. Ante esas situaciones, se analiza cómo ajustar la norma para no afectar aún más a poblaciones que ya viven en condiciones de vulnerabilidad.
Se trata, en definitiva, de una legislación elaborada por especialistas y con una intención claramente protectoria. Pero será su puesta en práctica, y no las buenas intenciones, lo que determinará su alcance real y si logra los beneficios buscados por los mentores de la iniciativa. Australia funcionará como un ensayo global del que otros países podrán extraer conclusiones para mejorar sus propias regulaciones en un terreno que exige respuestas urgentes y, al mismo tiempo, extremadamente cuidadosas.
