Las graves irregularidades detectadas en el almacenamiento y la distribución de alimentos destinados a comedores populares por parte del Ministerio de Capital Humano de la Nación no pueden interpretarse como un episodio aislado sino, en realidad, como la consecuencia previsible de una gestión atravesada por la discrecionalidad. Una forma de administrar bienes del Estado cuyos destinatarios son los sectores de mayor vulnerabilidad social que, en menos de dos años, ya acumula una serie inquietante de fallos judiciales en contra.
El dictamen del titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), Sergio Rodríguez, explica que resulta imposible reconstruir la trazabilidad completa de miles de toneladas de alimentos adquiridos y almacenados por el Ministerio, como así también identificar con precisión a sus destinatarios finales.
La investigación judicial se centra en la licitación realizada a través de la Organización de Estados Iberoamericanos, mediante la cual se destinaron más de 6.700 millones de pesos para la compra de aceite de girasol y lentejas secas. Esa mercadería debía ser entregada en galpones ubicados en Villa Martelli, en la provincia de Buenos Aires, y en Tafí Viejo, Tucumán. Sin embargo, el expediente da cuenta de demoras injustificadas, entregas parciales y una alarmante falta de documentación por parte de varios proveedores.
Existen numerosos antecedentes recientes en los que el Gobierno nacional ha ignorado fallos judiciales sin sufrir consecuencia alguna. Existen numerosos antecedentes recientes en los que el Gobierno nacional ha ignorado fallos judiciales sin sufrir consecuencia alguna.
En algunos casos, ni siquiera pudo acreditarse que la mercadería que figuraba como “entregada” hubiera ingresado efectivamente a los depósitos. El informe es contundente al afirmar que “no es posible afirmar con certeza que se haya dado efectivo cumplimiento a las obligaciones emergentes de la licitación”, y subraya además la ausencia de facturas y constancias de pago que permitan verificar la cancelación de las compras.
La afirmación más grave del dictamen sintetiza la dimensión del problema: “Está comprobado que los alimentos salieron de los depósitos, pero no se sabe quiénes fueron los beneficiarios”. La frase pone de manifiesto una cadena de descontrol y desidia que resulta imposible relativizar.
Lo que más llama la atención es la reiteración de advertencias judiciales y resoluciones que ordenaron transparentar el proceso de entrega de alimentos sin que esas órdenes hayan sido cumplidas y sin que se hayan aplicado sanciones efectivas a los responsables. El incumplimiento parece haberse convertido en una práctica tolerada, cuando no deliberada.
Este comportamiento no es excepcional. Existen numerosos antecedentes recientes en los que el Gobierno nacional ha ignorado fallos judiciales sin sufrir consecuencia alguna: el incumplimiento de la ley de emergencia en discapacidad o la resistencia a aplicar la ley de financiamiento universitario son solo algunos ejemplos de este patrón repetitivo.
Una república no se construye únicamente con discursos sobre eficiencia o ajuste, sino con instituciones sólidas y con un respeto real por la división de poderes. Ese equilibrio se rompe cuando uno de los poderes del Estado —en este caso, el Ejecutivo nacional— decide desoír de manera sistemática los mandatos del Poder Judicial y del Congreso.
