En un comunicado oficial rechazaron el proyecto de ley y consideraron que profundizaría salarios bajos y la vulneración de derechos laborales.
Profesores de Derecho del Trabajo de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA) emitieron un comunicado en repudio a la reforma laboral que el Gobierno envió al Congreso. “Es un evidente retrocesos en materia de derecho social”, alertan.
“Los cambios propuestos tienen un único sentido y finalidad, la desprotección de las personas que trabajan, como lo exhibe la supresión como principio de la justicia social en la interpretación y aplicación de la ley, y por lo tanto consideramos dicho proyecto como absolutamente regresivo”, comienza la carta.
“No son menos graves los cambios propuestos para el derecho colectivo del trabajo, en tanto se promueve la quita de garantías para el ejercicio de la representación sindical, reprimiendo acciones propias de la acción gremial”, sostienen en otro pasaje.
El comunicado también alerta que “se limita la vigencia de los convenios colectivos de trabajo y se cercena, prácticamente hasta su desconocimiento, el derecho de huelga, al fijarse notables restricciones para la acción colectiva respecto de una cantidad de servicios que abarcan la casi totalidad de las actividades productivas”.
El proyecto estipula que serán consideradas infracciones muy graves y el trabajador no devengará salario cuando: se bloquee o se tome un establecimiento, obstruyendo el ingreso o egreso de personas o cosas. Por otro lado, aumenta la cantidad de actividades consideradas esenciales que tienen que mantener altos porcentajes de actividad, limitando el derecho a huelga.
Además, se establece que las asambleas y congresos convocados por representantes sindicales dentro de los establecimientos “requerirán autorización previa del empleador” respecto del horario, duración y lugar. El proyecto dispone que los trabajadores “no devengarán salarios durante el tiempo que dure la asamblea”.
En otro tramo de la carta, critican la “falacia” de que generará empleo. Lo primero a destacar es que la actividad económica está a la baja, motivo por el cual desde diciembre de 2023 se perdieron más de 250 mil empleos registrados y aumentó el trabajo precarizado bajo la modalidad de monotributo con 126.177 nuevas altas.
Al no haber actividad económica que estimule la contratación para producir más, no importa qué tanto se flexibilice. No tiene sentido contratar. La reforma no facilitará la creación de nuevos trabajos, sino la desvinculación de los que restan despedir y el abaratamiento de los que queden empleados.
“El texto de reforma laboral alentado por el gobierno nacional significa, por lo dicho, un evidente retroceso en materia de derecho social, una inadmisible transferencia de recursos de la Seguridad Social a favor de los empleadores”, alertan los docentes.
A fin de costear la indemnización, los empleadores podrán establecer un sistema de cese laboral cuyo costo siempre estará a cargo del empleador. Se financiará con una contribución mensual obligatoria del 3% de las remuneraciones que se toman como base para calcular las contribuciones patronales del trabajador.
El texto enviado al Congreso estipula que los empleadores que decidan adherirse a este sistema tendrán una reducción de tres puntos porcentuales en las contribuciones patronales.
