Con el control político definitivo de YMAD, Catamarca adquiere una herramienta decisiva para potenciar los beneficios de la actividad minera y traducirlos en desarrollo.
Con el control político definitivo de YMAD, Catamarca adquiere una herramienta decisiva para potenciar los beneficios de la actividad minera y traducirlos en desarrollo.
La Legislatura debe aún refrendar el acta-acuerdo, pero la firma del convenio por parte de la Universidad Nacional de Tucumán puede considerarse como el cierre de las tratativas que el gobernador Raúl Jalil inició con la Nación el año pasado. Es improbable que se plantee alguna objeción parlamentaria, no solo por el hecho de que la gestión libertaria nacional concuerde con el cambio: se trata de un hecho de enorme trascendencia para la Provincia, al margen de quién la gobierne coyunturalmente.
Si bien se habla de “traspaso”, el acuerdo consiste en rigor a la renuncia del Estado nacional a intervenir en la gestión de la firma, que pertenece a Catamarca y la universidad tucumana.
Hasta ahora, el directorio estaba conformado por dos representantes de cada socia, pero presidido por un funcionario designado por la Nación. Este funcionario tenía un poder de decisión desmesurado, porque desempataba en caso de diferencias entre los directores catamarqueños y tucumanos.
Los intereses de la Provincia, socia mayoritaria con derecho al 60% de las utilidades, quedaban de este modo expuestos al criterio incierto de delegados ajenos a ella. Los perjuicios que podrían derivarse de esta minusvalía estructural quedaron en evidencia durante la gestión presidencial de Mauricio Macri, quien en 2016 designó como presidente de la empresa a Santiago Albarracín, un sujeto sin el menor precedente en materia minera y ayuno por completo de cualquier compromiso con Catamarca, que sometió a YMAD a un proceso lindante con el vaciamiento, la colocó en la cornisa de la quiebra y malogró los sólidos resultados obtenidos por la gestión de Manuel Benítez.
En 2020, Jalil consiguió que el recién asumido presidente Alberto Fernández designara al frente de YMAD a un catamarqueño después de 25 años. El puesto recayó en Fernando Jalil, hermano del Gobernador, pero fue relevado con la llegada de Javier Milei y suplantado por un delegado nacional.
Todo esto cambiará de modo determinante a favor de Catamarca a partir de ahora. Aparte de los dos vocales del directorio, el Gobierno de la Provincia designará al Presidente y tendrá una representación en el órgano de conducción de la empresa de 3 sobre 5 miembros. La mayoría y el consecuente control político le dan además la potestad para nombrar al gerente general.
No es una cuestión de chauvinismo, de hecho no es indispensable que los funcionarios sean oriundos de Catamarca. La médula de la cuestión es que la Provincia asume el poder de gerenciamiento de la empresa, cosa que se ajusta a la lógica más elemental porque los recursos mineros le pertenecen. Más allá del vínculo con la Universidad Nacional de Tucumán, el rumbo de YMAD será definido por el Gobierno catamarqueño.
Es un avance innegable en términos de autonomía, que abre importantes oportunidades por la posibilidad de intervenir en el negocio de la minería auro-cuprífera con una herramienta de mayor alcance que la CAMYEN, sin dejar de considerar la sinergia positiva que podría lograrse entre ambas empresas.
Esta conquista del Gobierno provincial implica también responsabilidades mayores. Al salir la Nación del esquema gerencial y tomar la Provincia la mayoría del directorio, el margen para las excusas en cuanto al derrotero que siga YMAD se estrecha drásticamente. Catamarca disfrutará de los éxitos, pero también cargará con toda la culpa por los eventuales fracasos.
El nivel de conciencia sobre esta nueva situación comenzará a advertirse con la designación del presidente de la firma, el reemplazo de los directores cuando corresponda y el perfil del gerente general que seleccione el directorio. Conviene que los criterios para la cobertura de estos puestos sean congruentes con la magnitud del desafío que se asume.