El Gobierno envió al Congreso el proyecto de reforma de la ley de Protección de Glaciares en medio del período de sesiones extraordinarias que rige hasta el 30 de diciembre. La iniciativa tiene como objetivo "poner fin a interpretaciones arbitrarias y consolidar un esquema de federalismo ambiental compatible con la Constitución Nacional", informaron.
Según el comunicado oficial, a más de 15 años de su sanción, "la mal llamada 'Ley de Glaciares' demostró graves falencias interpretativas que generaron inseguridad jurídica, paralizaron inversiones productivas y afectaron el legítimo ejercicio de las competencias provinciales sobre los recursos naturales". "La reforma propone reglas claras que protejan los glaciares que cumplen una función hídrica efectiva, fortalezcan los estándares ambientales vigentes y eliminen la discrecionalidad que bajo pretextos ideológicos, obstaculizó el desarrollo económico del país", informaron.
El proyecto "reafirma el mandato constitucional del artículo 41, que exige proteger el ambiente sin impedir el desarrollo humano, y del artículo 124, que reconoce a las provincias el dominio originario de sus recursos naturales". En esa línea, aseguran que "fortalece el rol de las autoridades provinciales en la evaluación de impacto ambiental, reconoce su capacidad técnica y científica, y promueve una articulación eficiente con el Inventario Nacional de Glaciares".
Para el Gobierno, esto es "una verdadera reforma de federalismo ambiental", que da cumplimiento a los compromisos asumidos en el Pacto de Mayo. También valoró que con esta propuesta "se da cumplimiento al reclamo realizado por las provincias integrantes de la Mesa del Litio (Catamarca, Jujuy y Salta) y de la Mesa del Cobre (Mendoza y San Juan), que solicitaron avanzar hacia un modelo federal responsable y sostenible en el tiempo".
El Gobierno nacional está convencido de que esta reforma representa "un paso decisivo para poner a la Argentina de pie, con reglas claras, federalismo real, desarrollo productivo y crecimiento económico".
