El Gobierno prorrogó las extraordinarias para abril
El oficialismo logró una muy ajustada media sanción para el acuerdo de Diablillos-Plata
Es un proyecto minero metalífero ubicado en la llamada "zona de cooperación con Salta". La oposición cuestiona que el yacimiento es 100% catamarqueño y rechazó el convenio.
El oficialismo provincial consiguió una ajustadísima media sanción para el "Acuerdo de Facilitación y Fomento del proyecto minero Diablillos-Plata". El eje del debate fue una cuestión de territorio y soberanía: el acuerdo, como se aprobó, reconoce que el proyecto minero se encuentra en una "zona de conflicto" con la provincia de Salta, en la que "no están definidos los límites territoriales". La oposición, sin embargo, denunció varias irregularidades con dos posturas: una planteó que Cerro Bayo, el sitio que se pretende realizar la actividad, está en territorio catamarqueño y por lo tanto no corresponde una cooperación con Salta; y otra planteó que hay inconsistencias técnicas y jurídicas en el acuerdo.
La votación se resolvió por 18 votos a favor, 17 en contra y seis ausencias. El oficialismo logró la media sanción sólo gracias al voto de Sonia Nabarro (Fuerza Catamarca), ya que al momento de la votación nominal cinco de los seis ausentes eran del Frente de Todos-Unión por la Patria: Rosana Pereyra, Hugo Corpacci, Nicolás Zavaleta, Natalia Ponferrada y Pablo Castro. El otro ausente fue de La Libertad Avanza: Francisco Monti, cuyo voto hubiera sido decisivo al menos para empatar y obligar una definición de la Presidencia.
Damián Brizuela (FT) destacó que el proyecto constituye "un eje de gestión estratégica para el desarrollo" y lo definió como "un ejercicio de madurez institucional frente a un conflicto limítrofe histórico entre Catamarca y Salta", al tiempo que destacó que el mismo no implica que la Provincia resigne pretensiones territoriales. "Estamos ante el diseño de un marco de seguridad jurídica que permite transformar un diferendo jurisdiccional en una política de Estado", dijo y explicó que está prevista una participación del 50% de las regalías y gravámenes, un esquema de fiscalización técnica y ambiental conjunta y que por ahora el proyecto está en etapa de exploración.
Los diputados de Generación del Cambio, Mamerto Acuña y Tiago Puente; las diputadas de LLA, Alba Aguirre y Laura Quintero, los radicales Alicia Paz y Luis Fadel, y los diputados del MID, Javier Galán y Fernando Baigorrí, fueron algunos de los que expresaron objeciones al respecto. El proyecto llegó al recinto con tres despachos y observaciones: uno en mayoría, del oficialismo; y dos en minoría, firmados por los exdiputados Silvana Carrizo y Alfredo Marchioli. Las observaciones fueron de Acuña, Puente, Natalia Herrera y el ahora diputado nacional Adrián Brizuela.
Acuña explicó que tenían objeciones técnicas y fiscales al acuerdo, al advertir que Ingresos Brutos "no se divide en partes iguales sino conforme al domicilio del proveedor", lo que a su criterio implicaría una desventaja para Catamarca. Además, reclamó la ausencia de delimitación georreferenciada del área de cooperación, cuestionó el vacío de la competencia ambiental y la falta de mecanismos claros de resolución de controversias.
"El acuerdo tiene profundas inconsistencias jurídicas, institucionales y económicas que, en su estado actual, comprometen la defensa del territorio, la autonomía fiscal y la seguridad jurídica de la Provincia. Nuestra decisión no responde a una postura antiminera ni a una negativa al desarrollo. Creemos en una minería posible, pero bien hecha: con reglas claras, control efectivo y beneficios concretos. El acuerdo que se pretendía aprobar no cumple con esos estándares mínimos. Se genera una grave incertidumbre jurídica, habilitando la superposición de concesiones, conflictos de jurisdicción y disputas sobre regalías. A su vez, el acuerdo permite la creación de Zonas de Ampliación de Operaciones mediante actos administrativos, sin intervención legislativa ni garantías de control técnico, ambiental o territorial, en contradicción con los principios establecidos en la Constitución Provincial", reclamaron en Generación del Cambio.
Alicia Paz (UCR) consideró que el acuerdo "debilita la posición territorial de la provincia y abre una vulnerabilidad jurídica innecesaria", y remarcó que existen tanto antecedentes como cartografía oficial que respaldan el reclamo catamarqueño. Por su parte, Baigorrí (MID) denunció la "cesión del derecho de nuestra soberanía territorial y de nuestros recursos".
La oficialista María Argerich minimizó los planteos al señalar que "no hay una entrega de territorio si no hay una definición de límites" y reclamó que la inseguridad hubiera sido no aprobar el acuerdo.n
