Un reciente estudio de la Universidad de Cambridge llegó a la conclusión de que Argentina, Islandia e Irak son los tres países del mundo que, si las calificadoras de riesgo incluyesen la variable climática en el análisis de las deudas soberanas de todas las naciones, tendrían un superávit crediticio. Y, por el contrario, las naciones desarrolladas pasarían a ser deudoras si se atendiesen los factores vinculados la sustentabilidad de la calidad de vida.
En base a este criterio es que el presidente Alberto Fernández concurrió a la Cumbre del Cambio Climático que se desarrolla en Glasgow, Escocia, con la estrategia de presentar a nuestro país como “acreedor ambiental”, como una continuidad de un pedido que ya había esbozado en la anterior cumbre sobre el tema realizada en Nueva York. En esa oportunidad planteó que los países reciban pagos por servicios ecosistémicos y que se incorporen a la mecánica de los organismos financieros internacionales los canjes de deuda por acción climática. Es decir, impulsar un esquema de compensación del valor financiero de su deuda soberana en función del valor de sus activos ambientales.
Oscar Soria, Director de campañas del movimiento cívico y social global Avaaz, de origen estadounidense, sostiene que la postura argentina se fundamenta en que “pagar por la protección de las barreras naturales que aporta la biodiversidad es más barato que atender las crisis sanitarias que generan las pandemias”.
La propuesta es ambiciosa y se enmarca en el contexto de la larga negociación que viene manteniendo con el FMI para la reestructuración de la deuda contraída durante el gobierno de Mauricio Macri, la más grande otorgada en toda la historia del organismo. Pero por ahora no hay indicios concretos de que sea una alternativa a considerar por las potencias desarrolladas, tal vez porque son las más agresivas con el medio ambiente y en este cambio de esquema financiero saldrían fuertemente perjudicadas. Pero hay que considerar que esas propias potencias se comprometieron en la cumbre desarrollada en 2009 en Copenhague a movilizar 100 mil millones de dólares al año a partir de 2020 a los países en desarrollo para prestarles asistencia para la mitigación de los efectos del cambio climático. El canje de deuda por activos ambientales es, entonces, una alternativa que se enmarca en esa lógica.
Pero, además, tiene fundamentos históricos: el desarrollo de los países ricos del hemisferio norte fue posible en gran medida por el aprovechamiento, en los últimos siglos, de los recursos naturales de los países pobres del sur. Es decir, el alto estándar de la calidad de vida de esos países se ha relacionado históricamente con la transferencia de esos recursos.
A diferencia de otras naciones del sur del planeta, Argentina se encuentra en una situación privilegiada en materia de preservación de los recursos naturales, pero en clara desventaja por el fuerte endeudamiento. La duda es si las potencias considerarán viable algún tipo de compensación.
