Las razones del apagón del Día del Padre que afectó a 50 millones de personas fueron expuestas en el Congreso de la Nación, 17 días después de sucedido, por el secretario de Energía de la Nación, Gustavo Lopetegui. Al descargar la culpabilidad en una empresa en particular, que aceptó parcialmente su responsabilidad, descomprimió al menos en parte las críticas que el gobierno venía recibiendo por el histórico acontecimiento. Pero dejó expuesta la fragilidad del sistema.
El incremento exorbitante de las tarifas del servicio de energía eléctrica que comenzó a principios de 2016 tuvo justificativos oficiales. Entre ellos, que iba a permitir financiar grandes obras de infraestructura en el sector, como por ejemplo las estratégicas líneas de extra alta tensión que son capaces de transportar 500 kilovatios. Es decir, que además de mejorar sustancialmente la rentabilidad de las empresas que operan en el sistema, les iba a permitir realizar las inversiones necesarias para lograr eficiencia en la prestación del servicio.
El primero de los presupuestos –la mejora en la rentabilidad empresaria- se cumplió acabadamente. Sólo a modo de ejemplo: Transener, la empresa señalada como culpable del apagón por Lopetegui, facturó 2.671 millones de pesos sólo en el primer trimestre del año. Y Pampa Energía, el holding al que pertenece Transener ganó en los primeros nueve meses del año pasado 3.256 millones de pesos. Los datos corresponden a los balances que las firmas presentan ante la Bolsa de Comercio de Buenos Aires.
El segundo presupuesto, el de las inversiones en las grandes obras de infraestructura energética, puede ponerse en duda, no sólo por el apagón en sí, sino porque los informes que se conocen indican una cosa muy distinta.
De acuerdo con la información de la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Camessa), la última disponible oficialmente, en los primeros dos años del actual gobierno nacional no se construyó en la Argentina ni un solo kilómetro de red de extra alta tensión. El 10 de diciembre había 14.756 kilómetros, los mismos que el 31 de diciembre de 2017. Aunque el informe de Camessa tiene un año y medio, se sabe que no hubo avance desde entonces, porque el primer llamado a licitación para obras de esa envergadura se llevará a cabo a principios de septiembre de este año, y las obras demandarán tres años. Es decir, que si se cumplen todas las previsiones y los plazos, recién en 2022 habrá una extensión de la red de extra alta tensión.
El gran problema fue que el gobierno de Cambiemos pretendió financiar este tipo de obras con los contratos de Participación Público Privados, que han demostrado su ineficacia para desarrollar obras de importancia.
En 2003 esta red tenía una extensión de 9669 kilómetros. En 2015, como se dijo, 14.756. El parate actual, en plena época de incremento formidable de la rentabilidad empresarial, interrumpe el proceso y explica el apagón tal vez mejor que el informe presentado por Lopetegui en el Parlamento argentino.
