Nadie puede discutir que la corrupción es un fenómeno enquistado en la política. Es decir, que ha pasado a formar parte estructural e inescindible de ella. Este enunciado, en realidad, es una construcción basada en las evidencias empíricas, pero la verdad es que, al menos en el plano teórico del deber ser, la corrupción y la política se mueven en planos separados.
La política es el conjunto de decisiones o acciones vinculadas al gobierno y organización de una sociedad con el objetivo del bien común. La corrupción se refiere, en cambio, a hechos delictivos cometidos por los funcionarios con dineros públicos y que, contrariamente a los fines de la política, lo que procura es el beneficio particular del que delinque.
La corrupción en la política es un problema de índole moral. La generalización de este mal es, además, social, porque se advierte una preocupante y peligrosa tolerancia hacia la corrupción. En el imaginario colectivo “todos los políticos son corruptos”. Esto no es cierto, por supuesto; la expresión alude, en todo caso, a que hay corrupción –y corruptos- en todos los gobiernos y en todos los partidos políticos. Pero la simplificación “todos son corruptos” termina horadando la capacidad de escandalizarnos. Y el zigzagueante discurrir de la justicia, sobre la cual pesan también sospechas de parcialidad en función de intereses sórdidos, completa un cuadro desesperanzador que se asemeja al cambalache discepoleano.
Ciertos discursos políticos muy de moda intentan instalar una idea muy interesada que vincula nuestras sucesivas crisis económicas con el problema de la corrupción. Pero ésta, como se mencionó, es sobre todo un problema ético y moral. Las carencias que los argentinos soportamos son, básicamente, resultado de pésimas decisiones políticas adoptadas perfectamente dentro de los márgenes de la legalidad. En los últimos tres años, por ejemplo, se fugaron del circuito financiero de la Argentina más de 130.000 millones de dólares a través de mecanismos contemplados en prácticas reconocidas por la normativa vigente.
Pablo Sisti y Carlos Andujar, investigadores y docentes universitarios, sostienen que “pensar que el problema de corrupción es la raíz de todos los males es una falacia de composición que tiene la intención de ocultar (y preservar) las estructuras de poder y las políticas públicas afines. Para desmoronarla basta con hacer el simple ejercicio mental de suponer que no existiera la corrupción y ver qué cambiaría al día siguiente en referencia a los problemas sociales y económicos profundos de larga data (desigual distribución del ingreso, restricción externa, fuga de capitales, abultada deuda externa, estructura productiva desequilibrada, matriz agroexportadora, pobreza estructural, desigual distribución de la tierra, por sólo nombrar algunas).”
La corrupción debe combatirse con todas las armas que permite la república; y los corruptos, sometidos a los debidos procesos judiciales con todas las garantías democráticas, condenados. Pero los problemas económicos requieren de soluciones de otra índole, vinculados al desarrollo productivo y la inclusión social.
