Empleados del Tribunal de Cuentas “agremiados y no agremiados”, según aclaran, publicaron ayer una solicitada en la que cuestionan un sumario disciplinario iniciado en cinco áreas del organismo “por la supuesta filtración del contenido del informe UAOP (Unidad Auditoría Obras Públicas) de diciembre de 2017, difundido en sesión de la Cámara de Diputados y consecuentemente en medios periodísticos, situación totalmente ajena a la responsabilidad de los empleados de las áreas sumariadas”.
Se trata del informe que sirvió de base para una denuncia del diputado opositor Francisco Monti por supuestas irregularidades cometidas por el Instituto Provincial de la Vivienda en las contrataciones y ejecución del complejo urbano Valle Chico, en el sur de la Capital.
Lo más sabroso de la publicación no es esto, sino las sospechas que deslizan sobre la conducta de las autoridades del Tribunal de Cuentas en torno al polémico expediente, que de ser ciertas serían más graves que esta sanción a presuntos informantes de Monti.
Consignan que la conducción del organismo de control tenían en sus despachos la actuaciones, a la espera de resolución, desde octubre del año pasado. Estas actuaciones incluían la “impugnación formulada por el IPV y solicitud por parte de la auditoría de inicio de sumario administrativo de responsabilidad por las irregularidades detectadas en la auditoría y, prima facie, con cuantificación del posible daño a la hacienda pública”.
El 4 de junio pasado, informan los empleados, se notificó la resolución TC Nº280/19 que rechaza la impugnación y el planteo de falta de legitimación realizado por el IPV pero “ordena apartar a los profesionales actuantes en la auditoría argumentando asegurar un trámite objetivo, más justo y concreto de la presentación del auditado (IPV)”.
Sugestivo apartamiento.
“Nuestra institución –recuerdan los agentes del Tribunal de Cuentas- es independiente por mandato constitucional. No es facultad de los responsables elegir quien los controle; este organismo y la función de control es una y así debe acatarse, no a gusto y paladar del funcionario de turno”.
Concluyen que “el control y la protección de los bienes del Estado es el control y la protección de los bienes de la comunidad. La situación descripta motiva a los empleados a mantenerse en estado de asamblea permanente”.
La auditoría que Monti puso en conocimiento de la opinión pública calcula que las irregularidades detectadas en la construcción de Valle Chico significaron un perjuicio para el erario de unos 266 millones de pesos.
Las presuntas anomalías no se cometieron en la edificación de las viviendas, sino en las obras complementarias.
En los trabajos de limpieza y destronque, desmonte y apertura de caminos de servicio de la licitación 31/15, por ejemplo, se determinó que, por un defecto de cómputos, fueron licitados 50.815 metros cúbicos de excavación de más.
Se sobredimensionó el ítem “Caminos de Servicios” en al menos 6,4 millones de pesos.
Fueron licitados 149.765 metros cúbicos de excavaciones usadas en terraplén, cuando solo eran necesarios 34.812 metros cúbicos.
Los "movimientos de suelos" de la licitación 32/15 fueron sobrecertificados. Los auditores calculan unos 41.000 metros cúbicos de terraplén mal computados.
Se contrataron 108.153 metros cuadrados de pavimento flexible en avenidas, pero solo pudieron verificarse 79.900, es decir, un 30 por ciento menos de lo pactado.
Frente a tamaña denuncia, la preocupación oficialista se centró en establecer la identidad del insumiso que suministró a Monti la auditoría, que estaba en poder de las autoridades del Tribunal de Cuentas desde octubre del año pasado sin resolverse.
La denuncia de Monti sirvió al menos para que el expediente comenzara a moverse. Para empezar, el Tribunal de Cuentas cambió los auditores incómodos.
