Tres ONG vinculadas al fortalecimiento de la Democracia y a la transparencia de las políticas públicas, publicaron este fin de semana una solicitada en la que advierten que peligra la credibilidad y la legitimidad de la democracia si es que no se aprueba una nueva ley de financiamiento de los partidos políticos. Numerosas instituciones y entidades adhirieron posteriormente a la publicación.
La exhortación está planteada en duros términos, pero no parece exagerada si se analiza con rigor cómo las campañas, sobre todo las de partidos con gran caudal electoral, se asemejan a cajas negras que ocultan el origen del dinero que la financian. Si se profundizaran las investigaciones se comprobaría que no son desatinadas las sospechas respecto de que en las campañas se lava dinero sucio proveniente del narcotráfico y otros delitos.
Las tres organizaciones son: el CIPPEC (Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento), Poder Ciudadano y la RAP (Red de Acción Política). “El régimen de financiamiento de la política de nuestro país no está funcionando. El dinero circula en efectivo. Las campañas se financian con fuentes no permitidas. Los oficialismos nacionales y provinciales usan recursos públicos para las campañas. Las rendiciones de los partidos son inconsistentes y las sanciones llegan tarde. Todo esto queda en evidencia con cada uno de los escándalos que sistemáticamente estallan luego de cada elección”, dice en uno de sus párrafos la solicitada.
A casi cuatro años de la anterior elección presidencial, las irregularidades detectadas en las campañas de las tres fuerzas mayoritarias –Cambiemos, Frente para la Victoria y UNA- son notorias, aunque la casi totalidad de los partidos las cometieron. Sin embargo, la tarea de la Justicia Electoral en el control posterior es, además de lenta y poco aplicada, inútil, porque en la práctica no impide que los partidos que cometieron las irregularidades continúen participando –con los mismos vicios- en los comicios siguientes.
El 30 por ciento de las fuerzas que participaron en 2015 no presentaron aún la rendición de cuentas, y las que sí lo hicieron declararon montos muy inferiores a los efectivamente gastados.
Por las irregularidades detectadas en el financiamiento de las campañas se han generado causas penales, siendo la más notoria de ellas la conocida como “los aportes truchos” de Cambiemos, a raíz de detectarse que numeras personas, muchas de ellas beneficiarias de planes sociales, figuraban sin que ellas lo supieran como aportantes con grandes sumas de dinero para la campaña que llevó a Mauricio Macri a la presidencia de la Nación. Ayer precisamente se conoció que la causa pasa del fuero penal a la Justicia Electoral, camino expedito a la impunidad.
La solicitada de las organizaciones culmina con un llamado a los dirigentes de los partidos políticos que debería ser atendido con seriedad y responsabilidad: “Los escándalos vinculados con el financiamiento de las campañas minan la legitimidad de la dirigencia política, pero todavía estamos a tiempo de evitar que se repitan. Ir a una elección sin modificar las reglas actuales del financiamiento de la política implica un alto riesgo para la credibilidad de la democracia”.
