El 3 de noviembre se cumplieron 19 años del asesinato de Claudio Soto Aguirre. Su cuerpo fue encontrado en el Circuito de la Vida, con nueve heridas de arma blanca. El paso del tiempo no acercó respuestas. Tampoco permitió conocer quién o quiénes lo mataron ni esclarecer las circunstancias del crimen. La causa quedó estancada y la muerte de Soto Aguirre continúa impune después de tanto tiempo.
Soto Aguirre tenía 31 años. Era actor, profesor de Teatro y un activo integrante de la comunidad artística catamarqueña. Su trabajo en la docencia y su participación en la escena cultural dejaron una huella que todavía persiste. Su asesinato se inscribe en una historia de violencia contra la comunidad LGBT+ que, en Catamarca, acumula víctimas y muy pocas respuestas judiciales.
Hay quince casos sin resolver en tres décadas, en su mayoría crímenes de odio perpetrados por la intolerancia contra sectores vulnerables. Nombres como Ángel Ferreti (1992), María Rivero (1997), Víctor Cayetano Escalante (1998), Daniel Ramírez Hidalgo y Casandra Aybar (2002), o Carlos Eduardo Castillo, "Castillito" (2006), forman parte de este trágico listado.
De todos estos ataques marcados por la saña extrema, el único que la Justicia logró esclarecer fue el crimen de Cristian Fabián Díaz, ocurrido en La Ripiera en mayo de 2000. Estos datos permiten dimensionar la profundidad de una deuda histórica que no comenzó con Soto Aguirre ni terminó con él.
Detrás de esta falta de respuestas hay familias que siguen esperando, investigaciones paralizadas y la peligrosa sensación de naturalizar que determinados crímenes queden sin explicación.
Los graves ataques recientes contra personas LGBT+, como los registrados en los bosques de Palermo, vuelven a poner en evidencia que la violencia y la intolerancia no pertenecen al pasado. No se trata de equiparar hechos de distinta naturaleza ni de atribuir automáticamente un móvil de odio al asesinato de Soto Aguirre, que nunca fue esclarecido.
Solamente se hace notar que la discriminación sigue operando con crudeza y que erradicarla no se traduce únicamente en declaraciones en los medios de comunicación.
La prevención, la educación y la concientización son responsabilidades del Estado, pero también lo es garantizar investigaciones eficaces y una respuesta judicial que no abandone a las víctimas.
Diecinueve años después, el caso de Claudio Soto Aguirre sigue sin respuestas. Su memoria permanece viva entre quienes lo conocieron y en la comunidad artística que todavía lo recuerda.
La Justicia, en cambio, continúa en deuda. Y cada año que pasa sin esclarecer su asesinato vuelve más difícil aceptar que el silencio se haya convertido en la única respuesta.
