Por Rodrigo Morabito
Hay una práctica que se ha vuelto demasiado frecuente en las redes sociales: cada vez que un integrante del Poder Judicial adopta una decisión que no satisface las expectativas de determinados sectores de la sociedad, aparece inmediatamente una catarata de reproches, descalificaciones y frases hechas que pretenden convertirse en argumentos.
«Llévatelos a tu casa». «¿Qué pasaría si fueran tus hijos?». «Después no se quejen cuando suceda algo». «Los derechos humanos son para los delincuentes». Y tantas otras expresiones que, aunque se repitan hasta el cansancio, no adquieren mayor legitimidad por el solo hecho de ser pronunciadas por miles de personas.
Lo preocupante no es que la ciudadanía cuestione las decisiones judiciales. Por el contrario, la crítica pública es legítima, necesaria y saludable en una sociedad democrática. Los jueces no estamos exentos del escrutinio público, ni nuestras decisiones son inmunes al debate. Tenemos la obligación de explicar nuestros actos, fundamentarlos y asumir la responsabilidad institucional que implica administrar justicia.
Lo verdaderamente preocupante es otra cosa: que se pretenda reemplazar el razonamiento por el insulto, el conocimiento por el prejuicio y el Derecho por una suerte de justicia emocional que no admite matices, explicaciones ni garantías.
Porque una cosa es reclamar justicia y otra, muy distinta, es exigir venganza.
Decirle a un juez «llévatelo a tu casa» es una de las expresiones más equivocadas que pueden utilizarse para cuestionar una decisión judicial. ¿Desde cuándo la aplicación de la ley depende de que un magistrado quiera o no convivir con una persona sometida a un proceso penal? ¿Desde cuándo el cumplimiento de las obligaciones constitucionales se encuentra condicionado a una afinidad personal, familiar o afectiva?
Los jueces no decidimos desde nuestros domicilios, ni aplicamos el Derecho según nuestras preferencias personales. Lo hacemos desde una función pública, sometidos a la Constitución, las leyes y los tratados internacionales de derechos humanos. No estamos para resolver quién nos cae bien, quién nos genera simpatía o quién nos despierta rechazo. Estamos para decidir conforme a Derecho, incluso cuando esa decisión resulte impopular.
La otra frase, «¿qué pasaría si fueran tus hijos?», tampoco resiste demasiado análisis cuando se la utiliza para descalificar una decisión judicial.
Precisamente porque podrían ser nuestros hijos, nuestros nietos o cualquier adolescente de nuestra comunidad, necesitamos un sistema de justicia que no funcione desde el odio, la improvisación o la arbitrariedad. Necesitamos reglas, garantías, responsabilidad y decisiones fundadas. La justicia no puede depender de quién sea el hijo de quién, ni de cuánto nos conmueva una historia particular.
Y aquí hay algo que parece olvidarse deliberadamente: los derechos no son premios que se entregan a quienes nos agradan. Tampoco son privilegios reservados para las personas que consideramos inocentes, buenas o merecedoras de nuestra compasión. Son derechos. Y su reconocimiento constituye, precisamente, la diferencia entre un Estado de Derecho y un sistema de represalias.
Por supuesto que las víctimas importan. Importan muchísimo. Sus derechos, su dolor, sus necesidades de protección, su acceso a la justicia y su derecho a obtener una respuesta estatal adecuada no pueden quedar relegados. Pero tampoco podemos utilizar el sufrimiento de las víctimas como una autorización para desconocer garantías fundamentales. Proteger a las víctimas y respetar los derechos de las personas sometidas a un proceso penal no son objetivos incompatibles. Una justicia seria debe poder hacer ambas cosas.
Hay, además, una contradicción que merece ser señalada: muchos de quienes reclaman que los jueces se comporten con humanidad son los primeros en despojar de toda humanidad a quienes cuestionan. Pretenden que la justicia sea sensible frente al dolor de una víctima, pero reclaman que sea insensible frente a cualquier derecho de la persona acusada. Exigen humanidad selectiva. Y la humanidad, cuando es selectiva, deja de ser humanidad.
Las redes sociales han democratizado la posibilidad de opinar, pero no han democratizado automáticamente el conocimiento. Tener una cuenta, publicar una frase contundente o acumular miles de reacciones no convierte a nadie en especialista en Derecho, ni transforma una afirmación sin fundamento en una verdad jurídica.
Tampoco todo lo que se presenta como «justicia social» lo es. En ocasiones, detrás de esa expresión se esconde una forma de hostigamiento colectivo que utiliza la indignación como combustible y la descalificación personal como método. Se condena sin leer una resolución, se cuestiona sin conocer un expediente, se atribuyen intenciones sin prueba y se reclama la destitución o el escarnio público de quienes simplemente han ejercido una función jurisdiccional.
Eso no es participación ciudadana. Es una forma de linchamiento digital.
Y no se trata de defender a los jueces por el solo hecho de ser jueces. También hay decisiones equivocadas, resoluciones deficientemente fundamentadas y responsabilidades que deben investigarse. La magistratura no tiene inmunidad frente a la crítica ni un derecho adquirido a la aprobación social. Pero para cuestionar una sentencia existen argumentos jurídicos, recursos procesales, mecanismos institucionales y espacios democráticos. La descalificación personal no reemplaza ninguno de ellos.
Un juez puede equivocarse y debe responder por sus errores. Lo que no puede exigírsele es que abandone la Constitución para satisfacer el enojo circunstancial de una multitud.
Porque si cada decisión judicial tuviera que superar primero el examen de popularidad de las redes sociales, ya no tendríamos justicia independiente: tendríamos una justicia sometida al aplauso, al miedo y a la presión de las mayorías ocasionales.
Y eso debería preocuparnos a todos.
La independencia judicial no existe para proteger los intereses personales de los magistrados. Existe para proteger a la sociedad frente a la arbitrariedad del poder, incluso cuando ese poder se expresa a través de una mayoría indignada.
La justicia no está para agradar. Está para hacer lo que corresponde conforme a Derecho. A veces eso coincide con lo que la sociedad espera; otras veces, no. Y justamente allí, en las decisiones difíciles, se pone a prueba la verdadera fortaleza de las instituciones.
No necesitamos jueces que se escondan detrás de sus cargos, pero tampoco jueces que tengan que pedir disculpas por garantizar derechos. Necesitamos magistrados independientes, preparados, sensibles al sufrimiento humano, responsables de sus decisiones y conscientes de que administrar justicia implica decidir, muchas veces, contra las propias emociones.
La indignación puede ser comprensible. El dolor puede ser inconmensurable. La exigencia de seguridad puede ser absolutamente legítima. Pero ninguna de esas circunstancias convierte al odio en justicia ni al prejuicio en argumento.
Tal vez deberíamos recordar algo elemental: el Estado de Derecho no se construyó para los días en que todos estamos de acuerdo, ni para proteger únicamente a quienes despiertan nuestra simpatía. Se construyó, precisamente, para los momentos en que la emoción colectiva amenaza con imponerse sobre las reglas que nos protegen a todos.
Porque cuando una sociedad comienza a creer que hacer justicia es humillar, insultar, señalar y destruir a quien piensa distinto, el problema ya no está solamente en las decisiones de sus jueces. Está también en la manera en que esa sociedad entiende la justicia.
Y una última reflexión: si mañana una decisión judicial nos beneficia, seguramente reclamaremos que se respeten nuestros derechos, que se valore la prueba y que se aplique la ley. ¿Por qué, entonces, pretendemos que esos mismos principios desaparezcan cuando el destinatario de una decisión es alguien que nos disgusta?
La justicia no puede ser una herramienta para satisfacer nuestras broncas. No es una revancha colectiva, no es un espectáculo para las redes y mucho menos una competencia por ver quién consigue el insulto más hiriente.
La justicia social no se construye odiando. La justicia no se administra desde los comentarios de una publicación. Y los derechos no se suspenden porque una multitud haya decidido que alguien no los merece.
Una sociedad democrática necesita justicia, no linchamientos. Necesita argumentos, no consignas. Necesita instituciones, no verdugos digitales.
Porque cuando el odio se disfraza de justicia, lo que termina perdiendo no es solamente el Poder Judicial: es la sociedad entera.
