Ramón Elpidio Guaraz gobernó Santa Rosa durante quince años. Se creyó dueño, señor y verdugo de un territorio que administró no como un representante del Estado, sino con la lógica de un patrón. Fue recién en 2023 cuando el peso insostenible de sus propios actos, lo alcanzó finalmente en las urnas tras haber sido imputado por abuso sexual y abuso de autoridad. Hoy, despojado del poder que lo blindaba, la realidad lo encuentra en una celda cumpliendo una condena de 9 años de prisión.
Desde esa oscuridad aguarda, este mismo martes, un nuevo veredicto: el de la causa iniciada por Shirli Cordero, una comerciante local que sufrió la clausura sistemática de su local por el simple y repudiable hecho de negarse a las reiteradas invitaciones a salir del entonces jefe comunal.
El santarroseño comenzó a erigir su imperio en 2008. Durante más de una década, sus acciones fueron toleradas por un sistema político que miraba hacia otro lado mientras los votos siguieran sumando. Las excentricidades de Guaraz eran la muestra visible de su megalomanía. En septiembre de 2012, no dudó en mandar a cortar deliberadamente la Ruta Nacional N° 64 durante horas para realizar los festejos de la Reina Provincial de los Estudiantes, ganándose una denuncia penal de Vialidad Nacional. En esa misma época, circularon registros donde se lo veía conduciendo a 200 kilómetros por hora en zonas urbanas durante un viaje a Chile.
En marzo de 2020, asumió sorpresivamente como director técnico del equipo Social Bañado de Ovanta en un partido oficial, y ese mismo año decidió por su cuenta bloquear el paso de camioneros en plena pandemia, causa federal de la que logró salir airoso.
Eran las anécdotas de un intocable. Sin embargo, en 2021 se le comenzó a venir la noche. Las denuncias casi continuadas por abuso sexual y abuso de autoridad resquebrajaron la coraza. Un detalle que no puede pasar desapercibido y que pinta de cuerpo entero el terror de quienes osan enfrentarlo fue que en ambos casos: las víctimas tuvieron que huir y hacer sus presentaciones ante la Justicia en la Capital, porque en su propio pueblo las instituciones estaban asfixiadas por el poder del intendente.
El caso de Guaraz no es una anomalía solitaria en la provincia. Resulta inevitable trazar un paralelismo directo con Enrique Aybar, quien fue intendente de La Puerta de Corral Quemado durante 9 años. Aybar, al igual que Guaraz, construyó un feudo a su medida y logró ser reelecto en dos oportunidades, sosteniéndose en el poder gracias a una estructura que lo encubría a pesar de estar acusado por el abuso sexual de una menor.
Durante años, el poder central y los resortes institucionales observaron el comportamiento de estos "patrones de estancia" con una mezcla de pasividad y conveniencia. Las locuras de Guaraz en la ruta o las denuncias que se acumulaban contra Aybar eran secretos a voces, molestias menores que se barrían bajo la alfombra en nombre de la gobernabilidad y el control territorial. Solo cuando el escándalo se volvió inocultable y las condenas judiciales llegaron la política les soltó la mano.
La caída de estos dirigentes y los veredictos que hoy los arrinconan son, sin duda, un triunfo de las víctimas que se animaron a desafiar al poder en su máxima expresión de asimetría.
