La Argentina camina hacia una crisis previsional provocada fundamentalmente por un modelo económico que destruye empleo registrado y fomenta la informalidad, y por una reforma laboral que desvía recursos de la seguridad social para financiar un esquema de indemnizaciones. Así lo advierte un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), que estima una pérdida de recaudación de $7,8 billones en un año, a valores de noviembre de 2026, el equivalente a unos USD 5.065 millones.
Los datos oficiales del primer trimestre de 2026 permiten dimensionar el problema. Sobre un total de 13.471.636 ocupados, apenas el 45,2% (6.084.751 personas) realiza aportes al sistema. El 28,3% (3.815.499) no lo hace, y un 26,2% (3.529.116) no registra datos. Dicho de otro modo, menos de la mitad de quienes trabajan sostiene con sus aportes a una población pasiva que crece y que, bajo este gobierno, ha visto deteriorarse de manera sistemática sus haberes. El CEPA calcula que la mayor proporción de empleo sin aportes implica, por sí sola, una merma anual de $3,3 billones (USD 2.161 millones), equivalentes al 5,3% de lo recaudado por aportes y contribuciones.
A ese deterioro estructural se suma una medida que tiene impacto directo, como es el Fondo de Asistencia Laboral (FAL) creado a través de la reforma laboral para financiar indemnizaciones. Se nutre de una contribución del 2,5% de las remuneraciones para las MiPyMEs y del 1% para el resto de los empleadores privados. El Gobierno sostiene que no implica un costo adicional para las empresas, lo cual es verdad, pero precisamente allí reside el problema porque esos aportes salen de las contribuciones patronales que hoy financian al SIPA, al PAMI, al Fondo Nacional de Empleo y a las Asignaciones Familiares. Lo que se le ahorra al empleador no desaparece del balance público; se traslada, inevitablemente, a la seguridad social.
Según el CEPA, en su primer año de vigencia, de diciembre de 2026 a noviembre de 2027, el FAL provocaría una merma de $4,3 billones, que explicaría el 57% de la pérdida total estimada. En los primeros 24 meses, la Seguridad Social dejaría de recaudar casi $9 billones. Son recursos que dejarán de destinarse a jubilaciones, a la cobertura de salud de los adultos mayores, a la asistencia de los desempleados y a las asignaciones que sostienen el ingreso de millones de familias.
Cabe recordar, además, el contexto en el que esto ocurre. Los jubilados ya soportan pérdidas del poder adquisitivo, un sistema de medicamentos que se ha vuelto inaccesible para muchos y una política oficial que concibe a la previsión social como una variable de ajuste. Desfinanciar el sistema por la vía de la informalidad y de la reasignación de contribuciones no hace más que profundizar esa lógica y proveer, de paso, el argumento para futuras reformas regresivas.
De no producirse un cambio de tendencia mediante medidas gubernamentales concretas que contribuyan al financiamiento del sistema, la Argentina se encamina hacia una crisis muy grave, con profundas implicancias sociales. Revertir la informalidad, recuperar el empleo registrado y preservar las fuentes de financiamiento de la seguridad social son condiciones elementales para que el contrato intergeneracional siga en pie.
