Los últimos resultados de la prueba PISA corroboraron el pronunciado deterioro de la educación argentina. Nuestro país se ubica en el puesto 71, entre 79, en Matemáticas, y retrocedió respecto de la región. Comparado con los otros países, Argentina se ubicó en la posición 63 en Lectura, en el 71 en Matemática y en el 65 en Ciencias. Quedó por debajo del resto de los países de la región que participaron de los exámenes realizados en septiembre pasado a estudiantes de 15 años.
Pero la prueba permite sacar otras conclusiones: por ejemplo, la enorme inequidad del sistema educativo argentino, que prorroga las desigualdades de origen existentes según el lugar o sector social donde los ciudadanos nacen. A estas disparidades los especialistas las denominan, precisamente, “efecto cuna”.
La constatación es un golpe a las teorías meritocráticas, que suponen que los ciudadanos alcanzarán el “éxito” en función de sus méritos individuales, sin contemplar los condicionamientos sociales que inciden de manera notable en las chances que tienen esos ciudadanos de alcanzar los objetivos que se proponen.
Según la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico), encargada de la evaluación, entre los alumnos de hogares pobres y ricos, hay un promedio de 100 puntos de diferencia. Según los estándares internacionales, una diferencia de 40 puntos equivale a un ciclo lectivo, por lo que 100 puntos corresponderían a dos años y medio de escuela de diferencia.
Si bien el deterioro del sistema educativo lleva décadas, las políticas del gobierno saliente, que horadaron el presupuesto para el sector, agravaron la tendencia. Las partidas se redujeron, en los últimos cuatro años un 35 por ciento, y el ajuste se centró fundamentalmente en los programas cuya razón de ser es ampliar las posibilidades de inclusión de los estudiantes con menos recursos. Es decir, las políticas socioeducativas destinadas a enfrentar la desigualdad. Los datos pertenecen a un informe elaborado por un colectivo de observatorios y equipos de investigación de las universidades UNIPE, la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini y las universidades de Avellaneda, Quilmes, Tres de Febrero, General Sarmiento y San Martín.
Las políticas socioeducativas destinadas a enfrentar la desigualdad representan, en el presupuesto elaborado este año, solo el 6 por ciento de lo que era en 2016, mientras que las partidas para educación técnica, que es una herramienta fundamental para la promoción de la movilidad social ascendente, se redujeron a un tercio entre 2016 y 2018.
Tanto la calidad en la educación como su tendencia a promover la igualdad o la desigualdad dependen, no del azar o de voluntades individuales, sino de decisiones políticas que se traduzcan en programas eficientes y de aplicación posible. El gobierno que asume en pocos días tiene el desafío de revertir una tendencia que lleva décadas y que ha provocado un deterioro progresivo, aunque acentuado en los últimos años, en la educación argentina.
