Luego de un 2016 recesivo, y advirtiendo que la esperada –y anunciada- lluvia de inversiones extranjeras no iba a precipitar para inundar de recursos a la yerma economía argentina, el Gobierno nacional apostó en 2017 a la inversión a la obra pública para dinamizarla y de esa manera afrontar con mayores posibilidades de éxito el desafío de las elecciones de medio término. Le fue bien en los dos objetivos buscados, pero a costa de un incremento del déficit fiscal.
En 2018, y ya con el Fondo Monetario Internacional implicado indirectamente en el diseño de la política económica, el objetivo es reducir drásticamente el déficit fiscal. Y entre las medidas a implementar para lograrlo, además de recortes de todo tipo, incluso de personal en la mayoría de las áreas del Estado, se anunció que el desarrollo de la obra pública se vería afectado.
Se abre, en consecuencia, un enorme interrogante respecto del promocionado Plan Belgrano para el Norte Grande argentino, que fue presentado en la campaña electoral y, luego, al momento de su lanzamiento, como un mega proyecto destinado a superar las inequidades en materia de desarrollo territorial.
Obedeciendo a las reglas del marketing político que tan buenos resultados le ha dado a Cambiemos hasta ahora, el Plan fue presentado como “el Programa más ambicioso de nuestra historia”, pero está lejos de satisfacer las demandas de los habitantes de las diez provincias del NOA-NEA. No solo no significó un incremento de los recursos destinados a la región, como se había prometido, sino más bien todo lo contrario. El secretario de Relaciones Internacionales de Tucumán, Jorge Neme, denunció que “los recursos nacionales destinados a inversiones transferidos a las provincias del Norte disminuyeron del 46,3 por ciento en 2015 al 33,9 por ciento en 2016”.
El presidente de la Cámara de la Construcción de Catamarca, Julio Córdoba, calificó recientemente al Plan Belgrano como “una farsa, porque a la fecha no se desarrolló ninguna obra”. "Solo hay carteles", añadió. “La única inversión que hubo fue en cartelería. Les hicieron gastar a las empresas para que vuelvan a hacer carteles y que les pongan Plan Belgrano, pero no hay obras nuevas”, dijo.
El recorte anunciado en materia de obra pública para este año ronda los 30.000 millones de pesos. El ahorro podrá aliviar las alicaídas arcas del tesoro público, pero tendrá un enorme impacto negativo en el empleo y en el nivel de la actividad económica. Y, sin dudas, un costo político aún no dimensionado con exactitud, acentuado por las desmedidas expectativas generadas previamente.
Proclamas como “el plan más ambicioso de la historia”, o “pobreza cero” movilizan emocionalmente al electorado, y cumplen de ese modo su propósito proselitista, pero cuando las promesas, por exageradas o por falta de recursos, no pueden plasmarse en la práctica, el malestar entre los ciudadanos que creyeron en ellas suele enervarse.
Esta dimensión política es la que deben considerar más seriamente los dirigentes cuando se lanzan, en medio del fervor de la campaña, a prometer lo que no podrán cumplir.
