Todo el mundo sabe que la gran mayoría de los sindicalistas, en especial los que comandan gremios a nivel nacional, al mismo tiempo que “representan” a los trabajadores que subsisten generalmente con magros salarios, suelen amasar fortunas siempre incalculables.
Y son incalculables por la envergadura de las mismas, pero fundamentalmente porque nunca están a sus nombres, sino a nombre de testaferros.
Se trata de una maniobra de ocultamiento muy común, y por supuesto ilegal, pero el nivel de vida que estos dirigentes ostentan hace presumir con grado de certeza que son ricos disfrazados de humildes.
De todos modos, el secreto suele guardarse bajo siete llaves. Por eso, las declaraciones formuladas en los últimos días por la hija del recientemente desaparecido dirigente de los peones rurales Gerónimo “Momo” Venegas, rompió con esa regla de oro.
María Eva Venegas reconoció los negociados ilícitos de su padre al señalar que la fortuna que poseía está en manos de testaferros. Esas personas, que le prestaron el nombre a Venegas para esconder su patrimonio, “se quedaron con mi plata”, dijo María Eva, quien prefirió “quemar” a su progenitor con tal de intentar recuperar lo que dice que le pertenece.
El “Momo”, que fue hasta su muerte el dirigente sindical preferido de Mauricio Macri, estuvo detenido hace algunos años por la mafia de los medicamentos, y siempre se sospechó de su participación en negocios ilegales con los cuales se enriqueció.
El contraste con la miseria y marginalidad en la que vive la inmensa mayoría de los trabajadores del campo torna más indignante la situación.
Pero cargar las tintas solo en Venegas sería injusto, porque los testaferros abundan en el mundo sindical. Y, aunque no de modo tan evidente, en el de la dirigencia política.
La Justicia investiga si el matrimonio Kirchner tiene testaferros que se hayan quedado con dinero de la corrupción, y ha puesto la mira en varios personajes, como el caso del empresario Lázaro Báez.
El actual presidente, Mauricio Macri, también está sospechado. Su declaración jurada revela que tiene un patrimonio mucho menor, por ejemplo, que el de su hermano Gianfranco, que blanqueó 622 millones de pesos gracias a un decreto que modificó la ley que prohibía que familiares de funcionarios ingresen al blanqueo de capitales.
El “sincericidio” de la hija de Venegas no hace sino hacer público lo que habitualmente no se revela, aunque se intuya.
Si bien hay “testaferros” legales –que deben ser notificados formalmente ante la Justicia y tienen un rol de representación- en el mundo gremial y político los testaferros casi siempre están “en negro”.
Deberían la Justicia y los organismos de control ser más eficaces en la supervisión de los patrimonios de las personas públicas a los fines de evitar que estas maniobras se consumen.
Detrás de cada testaferro hay una maniobra ilícita que por lo general intenta esconder dinero sucio.
Por eso, es una mala noticia que en la Argentina la palabra “testaferro” sea tan común.
