Una de las obsesiones de los empresarios argentinos, pero también de los dirigentes políticos con responsabilidades de gobierno, es “bajar el costo argentino”. Es decir, reducir los costos de las empresas que operan en nuestro país para tornarlas competitivas.
La coincidencia que hasta aquí es prácticamente generalizada, empieza a desintegrarse en múltiples alternativas respecto de cómo se baja “el costo argentino”.
Algunos entienden que bajar ese costo es bajar especialmente el costo laboral. Y miran con expectativa o alarma, según la perspectiva de análisis, la reforma laboral que acaba de entrar en vigencia en Brasil.
La nueva legislación del vecino país promueve, entre otros factores, la precarización laboral, pues legaliza el trabajo “intermitente”; prioriza los acuerdos entre trabajadores y empresas aun cuando no sean compatibles con las leyes en vigencia, salteando además a los sindicatos; habilita las jornadas de 12 horas de trabajo, la posibilidad de pago de salarios sobre una base horaria o diarias, pero no ya mensual; en algunas circunstancias se restringe el acceso a la justicia laboral y a la posibilidad de establecer litigios laborales; y permite a las mujeres embarazadas y en período de lactancia realizar trabajos insalubres, entre otros aspectos.
Esta reforma implica acabar con conquistas históricas de los trabajadores brasileños, y ha generado alarma en los argentinos, pues advierten que el gobierno puede concebir un proyecto de similares características para debatir en el Congreso de la Nación el año que viene.
El jefe de Gabinete Marcos Peña ha negado que se esté estudiando esta posibilidad, pero lo cierto es que no son pocos los empresarios y dirigentes del oficialismo que alientan una reforma laboral de contenido parecido al propiciado por Michael Temer.
Y algunos incluso son más pretenciosos, como el directivo de la Asociación de Fabricantes de Automotores (Adefa) Joachim Maier, que propuso eliminar los adicionales por antigüedad; o el economista del Pro Martín Tetaz, que se pronunció a favor de eliminar las indemnizaciones por despidos.
Stella Maris Buenader, candidata a diputada nacional por Catamarca en representación de Cambiemos, en declaraciones televisivas dijo el jueves sobre una eventual reforma laboral: “Los señores sindicalistas tendrán que darse cuenta de que van a ir en perjuicio de los trabajadores en el momento en que se empiecen a cerrar las fábricas porque absolutamente todas las inversiones se van a ir al país vecino. Es que mientras en la Argentina un obrero cuesta 10, allá en Brasil cuesta 1”.
Menos mal que no limitamos con Haití, porque en ese caso, siguiendo el razonamiento de la candidata, deberíamos someter a la miseria a millones de trabajadores argentinos para igualar los costos laborales.
En rigor, bajar el costo argentino no debería implicar ni baja de salarios ni pérdidas de derechos, sino más bien idear medidas tendientes a contar con energía a precios competitivos, eliminar los impuestos distorsivos, reducir costos logísticos y problema de infraestructura, mejorar la tecnología productiva, reducir cargas patronales en pequeñas y medianas empresas, entre otras.
Es de esperar que la reforma que se estudie transite por caminos de razonabilidad.
