Un informe de Greenpeace conocido esta semana vuelve a poner en alerta respecto del avance del desmonte del bosque nativo, incluso sobre territorio protegido, es decir, donde está prohibido por ley.
Salta, Santiago del Estero, Formosa y Chaco son las provincias más afectadas por esta acción depredadora. Según el mencionado estudio, entre enero y junio de este año en esas jurisdicciones hubo 45.000 hectáreas desmontadas, 42 por ciento de las cuales están incluidas en áreas protegidas por la Ley de Bosques.
Esta ley, sancionada a nivel nacional hace ya una década, protege a las regiones que forman parte de Parques Nacionales y Provinciales, zonas de bosques ribereños, lugares en los que habitan animales en peligro de extinción y áreas en donde viven comunidades.
Estas tierras “ganadas” al monte se destinan mayoritariamente a la actividad agropecuaria, de modo que no vuelve a reforestarse, produciendo un daño importante en el ecosistema.
Es claro que al accionar inescrupuloso de los que ejecutan el desmonte debe sumársele la desidia o complicidad de las autoridades para establecer los controles necesarios.
Catamarca no se encuentra entre las provincias denuncias por la práctica del desmonte ilegal. En nuestra provincia rige, además de la ley nacional, la ley provincial 5311, aprobada en 2010 y reglamentada al año siguiente.
Entre 2011 y 2015, la Dirección Provincial de Bosques Nativos autorizó el desmonte de 5.800 hectáreas, las cuales no se ejecutaron en su totalidad. Según las autoridades provinciales, no hay en nuestro territorio desmontes clandestinos, salvo quizás pequeñas parcelas. Quienes son sorprendidos llevando a cabo estas actividades ilegales son sancionados con importantes multas.
De todas maneras, aun los desmontes autorizados suelen traer aparejadas secuelas negativas. Especialistas señalan que muchas de las consecuencias de las inundaciones que se han producido en distintas regiones de la provincia en los últimos años se han visto agravadas por los desmontes que arrasaron con miles de hectáreas de bosques nativos.
Es probable que la zona más afectada sea la de Bañado de Ovanta y áreas de influencia, en la que se han instalado numerosos emprendimientos agropecuarios, sobre todo destinados a la producción de soja. Esto ha llevado incluso a que un grupo de vecinos de esa localidad del departamento Santa Rosa se organice para formar una ONG cuya misión es la de frenar las desforestaciones.
No es, por cierto, responsabilidad de la sociedad civil establecer estos controles, sino del Estado, que debería preocuparse no solo por analizar si los desmontes se hacen o no sobre áreas protegidas, sino también si se hacen de la manera correcta, evitando daños irreparables.
Además, tal vez no baste con generar estrategias de concientización y solicitar que los gobiernos establezcan controles eficaces para evitar que se siga desmontando de manera clandestina. Quizás sea hora de que los infractores sean castigados de manera ejemplar, para lo cual sería una herramienta muy útil sancionar una Ley de Delitos Forestales, como proponen las organizaciones vinculadas a la problemática ambiental.
