Sabemos bien los argentinos, en base a la experiencia, que las políticas de endeudamiento para tapar los agujeros de nuestras cuentas fiscales suelen terminar mal. Muy mal.
Durante un tiempo, el ingreso de divisas como consecuencia del acceso al financiamiento del mercado internacional de créditos hace suponer que las cosas marchan bien. El problema surge cuando hay que empezar a devolver el dinero prestado, con sus respectivos intereses, y no se han generado las condiciones de desarrollo que permitirían afrontar con solvencia los compromisos asumidos.
Es un proceso que, por ejemplo, inició la dictadura militar y tuvo que enfrentar Raúl Alfonsín, y que reanudaron con fuerza los gobiernos de Carlos Menem con la tremenda crisis del 2001 como corolario indefectible.
Y es, al parecer, el camino que estamos los argentinos recorriendo nuevamente, pues el gobierno de Cambiemos, que encontró un país relativamente desendeudado, ha contraído deuda por casi 100.000 millones de dólares, los que han ido, no a generar condiciones de desarrollo, sino mayoritariamente a cubrir el creciente déficit fiscal.
El viernes se conocieron las cifras del déficit correspondientes a abril. El déficit primario, es decir, el que se computa antes de considerar los intereses de la deuda, es de 18.664 millones de pesos, un 71,3 por ciento más que un año atrás. Pero el déficit se eleva a 49.012 millones cuando se contabilizan los intereses de la deuda, lo que implica un 187 más respecto del año pasado.
Los números son elocuentes del impacto que ya otra vez está teniendo la deuda externa en la economía argentina: explica dos tercios del déficit y significan un incremento del 140 por ciento entre enero y abril de este año respecto del año pasado.
Según un informe de la consultora Ecolatina, lo que Argentina pagó en el primer cuatrimestre en concepto de intereses de la deuda representa casi diez veces la inversión de infraestructura que realizó el Estado en el rubro de educación y más del doble de lo destinado a vivienda.
En abril, el pago de intereses de la deuda del sector público nacional, que superó los 30.000 millones de pesos, resultó un 28 por ciento superior al pago total de salarios de toda la administración pública nacional y un 60 por ciento mayor al pago en subsidios (energía, transporte y otras).
En los últimos meses, el problema de los números en rojo de las cuentas fiscales nacionales había sido disimulado por la recaudación de los fondos provenientes del blanqueo de capitales, pero una vez finalizada la vigencia de esa medida, las dificultades aparecen nuevamente en toda su magnitud.
Mientras el debate político transcurre cada vez más en sintonía con la definición de las candidaturas de las PASO y las elecciones de medio término, el problema de la deuda casi no se discute.
Debería el Congreso de la Nación, en donde está representada la mayoría de las expresiones políticas, asumir el compromiso y la responsabilidad de colocar en la superficie del debate público el tema de la deuda, que es estratégico y compromete el futuro de varias generaciones.
