Una de las claves para explicar la pobreza de los países periféricos como la Argentina es la fuga de capitales. La otra, una variante ilegal de la primera, la evasión de impuestos.
Nuestro país padece una fuerte sangría de divisas por ambas vías. Solo en 2016 la fuga de capitales por pago de deuda, compra de la moneda norteamericana, remisión de utilidades de empresas, formación de activos externos u otras vías contempladas por la ley superó los 20.000 millones de dólares, creciendo casi un 84% respecto de 2015 según lo publicado por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA).
También en 2016, por las maniobras de evasión impositiva perpetradas por las grandes compañías multinacionales, la Argentina dejó de recaudar u$s21.406 millones de dólares, según un informe publicado por la organización Tax Justice Network (TJN), una ONG global especializada en la investigación sobre impuestos y asuntos fiscales. El monto, indica TJN, representó alrededor del 4,4% del PBI. Argentina es el quinto país mundial en el ranking de mayor evasión.
La maniobra utilizada por las grandes empresas consiste en ocultar las ganancias que obtienen por su operación en países con alta presión tributaria e imputarlas en subsidiarias radicadas en paraísos fiscales o distritos con menores cargas impositivas, es decir, las denominadas firmas off shore.
De modo que entre fuga de capitales por la vía legal y la evasión impositiva a paraísos fiscales la Argentina perdió el año pasado alrededor de 40.000 millones de dólares.
No cabe duda que otro sería el panorama de la economía nacional con esa suma de dinero en las arcas del Tesoro.
Estos datos corroboran las afirmaciones de las organizaciones que pregonan una mayor equidad entre las naciones, en el sentido de que el mundo genera la suficiente riqueza como para desterrar la pobreza en el planeta, y que el problema en realidad está en la distribución.
Desde mediados de la década del ochenta hasta la actualidad, el tamaño de la economía se ha duplicado, pero también se ha ensanchado la brecha entre ricos y pobres, al punto que las ocho personas más ricas del mundo poseen actualmente más riqueza que la mitad más pobre de la población mundial, unas 3.600 millones de personas.
Coinciden los especialistas en que en el centro del problema están los paraísos fiscales, que a través de las empresas off shore permiten que la riqueza salga de los países de origen, libres de impuestos y con secreto bancario, escamoteando a los países, en particular a los más pobres, de recursos que resultan imprescindibles para que los Estados brinden los servicios básicos, asistencia social e infraestructura para el desarrollo productivo.
Tal vez los gobernantes deberían, a la hora de generar las políticas, pensar más que en ajustes de gastos que pueden perjudicar a los sectores vulnerables, en la generación de mecanismos que frenen la sangría de recursos a través de la evasión y la fuga de capitales.
